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Un constructor de Coslada, acusado de un delito contra la ordenación del territorio

La fiscalía le pide dos años de cárcel por edificar pistas deportivas ilegales

La fiscalía del área de Alcalá de Henares ha acusado al conocido empresario de Coslada Ángel Barral Corral, uno de los propietarios de la sociedad Hermanos Barral, como presunto autor de un delito contra la ordenación del territorio por construir sin licencia municipal un centro deportivo en una zona protegida del municipio de Loeches (6.210 habitantes). Por eso, este empresario se enfrenta a una pena de dos años de cárcel y tres de inhabilitación profesional para actividades de promoción y construcción inmobiliaria. El fiscal, que ha solicitado la apertura de juicio oral al titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Arganda del Rey, incluye entre sus peticiones que el conocido constructor abone también un total de 21.900 euros en concepto de multa, a raíz de 30 euros diarios durante 24 meses.

El acusado es uno de los dueños de la constructora Hermanos Barral
El empresario afronta una multa de 21.000 euros y la inhabilitación

El responsable del ministerio público considera que el empresario se excedió en las obras, teniendo en cuenta también que parte de las mismas, concretamente el campo de minigolf, se encuentra en terreno clasificado como suelo no urbanizable de protección especial al ser un espacio forestal. La acusación destaca además que la licencia concedida por el alcalde de Loeches en 2001 solo permitía al empresario, ahora imputado, rehabilitar una vivienda preexistente, que se encontraba en estado ruinoso.

Según el escrito de acusación de la fiscalía, Ángel Barral construyó en la finca de La Fontaleda un edificio de nueva planta denominado Casa del Guarda que incluía diversas instalaciones de carácter deportivo. Entre otras un campo de fútbol, unas instalaciones de minigolf, dos pistas de pádel y una cancha de baloncesto.

El fiscal solicita que el acusado debe proceder a la demolición, "a su cargo", de las edificaciones y obras indebidamente realizadas, con reposición del terreno a su estado anterior.

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Los hechos fueron denunciados inicialmente por los agentes forestales de la comarca ante la fiscalía, que posteriormente trasladó al juez decano de Arganda del Rey. Fue entonces cuando Ecologistas en Acción denunció por su cuenta, accediendo también a personarse como acusación en el procedimiento, que encabezó el letrado Juan Manuel López. Según Ecologistas en Acción, las obras en la finca se realizaron sin autorización y causando un importante daño en la finca, en la que existen especies protegidas catalogadas como en peligro de extinción, entre otros el búho real.

El responsable de las obras en la mencionada finca actuó en nombre de la entidad Hermanos Barral. Esta empresa desarrolla actividades de venta de vehículos de alta gama, medios de comunicación local, inmobiliarias. Todo ello, en la zona del corredor del Henares, especialmente en el municipio de Coslada.

Pero la influencia de este empresario va más allá de su dominio del urbanismo de Coslada. De hecho, en 1988 el Consistorio levantó en una rotonda del municipio una escultura de piedra que representaba a ocho personas. Todos en el pueblo sabían que esas figuras representaban a los Barral. Al final fue retirada.

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