La edil de Urbanismo reclama consenso para la Cañada Real

"Esperanza Aguirre ha presentado una ley para la Cañada Real sin el consenso que había prometido". Estas palabras las pronunció ayer la concejal de Urbanismo de la capital, Pilar Martínez, y coinciden con las reflexiones de los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea, pese a que ella pertenece al mismo partido que Aguirre, el PP.

Martínez criticó en los pasillos de la Casa de la Villa, mientras se celebraba el pleno, que el proyecto de ley aprobado el día anterior por el Gobierno regional y que ahora se debatirá en la Asamblea no haya respetado el acuerdo entre el Gobierno regional y los ayuntamientos por los que discurre la Cañada Real Galiana (Madrid, Coslada y Rivas). Según ella, el punto tercero del proyecto -que establece que en un plazo de dos años se puede vender el suelo de la Cañada sin un acuerdo social previo- no figuraba en el texto consensuado el pasado 7 de julio. Por eso pidió a los grupos parlamentarios que lo retiren durante la tramitación de la ley para volver al consenso.

La edil madrileña defiende que el problema de la Cañada Real Galiana no se soluciona por la vía de enajenar el terreno, sino con un compromiso de intervención social entre las administraciones afectadas. "El compromiso social no puede tener un límite temporal", recalcó.

La Cañada, edificada ilegalmente, tiene asentamientos chabolistas, pero también casas y chalés. Unas 30.000 personas viven en ella. El proyecto del Ejecutivo regional pretende que los propietarios de esas edificaciones puedan adquirir el suelo que ocupan. Pero no todos tienen recursos para ello. Y lo que reclaman la oposición en la Asamblea y los ayuntamientos afectados es que no se permita enajenar los terrenos sin solucionar antes la situación de los más desfavorecidos. Si no, aducen, la Cañada será una bomba de relojería.