Una empresa de detectives espió a Ignacio González en Colombia
Una importante agencia de detectives, con sede en Madrid y en Barcelona, investigó al vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, durante su viaje a Colombia el año pasado, según reveló ayer Interviú. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 47, José Sierra, ya conoce el nombre de la empresa, que recibió sendos pagos de 50.000 euros.
Además del seguimiento de González, la agencia de detectives tenía encargado elaborar los informes con todos los movimientos del vicepresidente regional. El informe que recoge este hecho ha sido elaborado por un reducido grupo de agentes de la Comisaría General de Policía Judicial. Está previsto que en las próximas semanas, el juez Sierra cite a declarar a los detectives y les pregunte por su cliente. Fuentes próximas al caso revelaron a Interviú que los responsables de la agencia se escudarán en el secreto profesional para no desvelar el nombre de la persona que les contrató. La multa por no desvelar la identidad del cliente son 30.000 euros.
El vicepresidente regional, Ignacio González, anunció ayer que pedirá al juez que "aclare quién está detrás" del espionaje al que fue sometido él y su familia. También pedirá al Ministerio del Interior que exija a la agencia de detectives que hizo el encargo que digan quién les contrato, informa Efe.
"Prácticas delictivas"
"Espero que la colaboración de la Policía Judicial, la celeridad de la justicia y la cooperación del Ministerio del Interior sirvan para aclarar quién está detrás de estas prácticas mafiosas que no se puede consentir en un estado de derecho, porque son inadmisibles, aparte de delictivas", destacó González. "De confirmarse esta información es de una extraordinaria gravedad", añadió.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, también incidió en el tema. Confió en que el juez que instruye el caso "haga que sus órdenes se obedezcan" de forma que la agencia de detectives que investigó a Ignacio González diga "quién los ordenó".
"Lo que viene a decir esa noticia es que al vicepresidente del Gobierno de la Comunidad se le lleva espiando desde 2004 y que un particular paga 100.000 euros a una empresa de detectives para espiar a alguien con una vulneración clarísima de los derechos y libertades de los ciudadanos", afirmó Aguirre.
