Un empresario contó en mayo al edil de Centro el pago de sobornos

El propietario de un bar de copas denunció el pasado mes de mayo ante el concejal del distrito de Centro, Luis Asúa, que uno de los detenidos e imputados en la trama de corrupción que acecha a la concesión de licencias en el Ayuntamiento de Madrid le exigía y cobraba dinero por hacer gestiones ante la Junta de Centro y el Área de Medio Ambiente.

El empresario se reunió el día 16 de mayo con Asúa, la jefa de Disciplina Urbanística de Centro, Inés Sánchez, y un responsable policial al que no puede identificar. Allí dio el nombre y teléfono móvil de Julián Rubén López Martínez como la persona que le había cobrado 1.500 euros para solucionar unos trámites ante la Junta de Centro por unos problemas que tenía con la legalización de un aparato de aire acondicionado. Además, señaló a López Martínez como la persona que hacía siete años le había solicitado 150.000 euros para permitirle extender el horario de apertura de su local de tres a seis de la madrugada.

Julián Rubén López Martínez es uno de los 17 detenidos en la Operación Guateque. Actualmente se encuentra en libertad, aunque imputado. Es apoderado de la empresa Agustino Proyectos e Instalaciones, cuyo dueño, Eduardo Agustino Carrasco, en libertad con cargos, es a su vez propietario de una de las principales empresas implicadas en la trama, AC93.

"Les di el teléfono y conté muchas cosas. Pero nunca me dijeron nada, ni supe si habían abierto alguna investigación o si ésta había llegado a algún resultado", afirma el empresario.

El Ayuntamiento de Madrid ha declinado ofrecer su versión sobre la reunión.

El encuentro se gestó en un mensaje electrónico que el empresario envió a Luis Asúa el 8 de mayo. En el escrito, el dueño del bar empieza defendiéndose de las malas referencias que el concejal habría recibido sobre él y su actividad frente al local, que habían concluido con una orden de cese de actividad.

A continuación, el dueño del bar denuncia una serie de irregularidades entre el personal de la Junta de Centro: "Unos técnicos [municipales] me cobraron a través de un señor [el imputado Julián Rubén López Martínez] 1.500 euros después de una inspección"; "otro técnico de su junta que me revisó unas cosas que las tenía irregular [sic] y también me quería cobrar por hacerme el proyecto y regularizarlo; yo no lo hice y al tiempo me vino el cese"; "ha habido policías que nos querían cobrar a mí y a otro bar por no levantarnos actas"; "y así muchas cosas de su gente que no son peritas en dulce".

La carta termina: "Y le podría contar muchas cosas que ocurren y no pasa nada, pero aunque usted no lo crea, yo tengo la conciencia tranquila, lo que pasa que no me gusta que me chantajeen. Estoy a su disposición para lo que desee y si quiere darme cita para que hablemos en persona estaría encantado".

Luis Asúa tardó sólo cinco horas en contestarle: "He leído tu mail. El miércoles 16 a las 11.30 me viene muy bien", se puede leer en la respuesta de correo electrónico, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS.

En la reunión, el empresario expuso sus quejas y recordó que el mismo López Martínez le había exigido 150.000 euros para ampliar el horario de su bar. "Empezó pidiéndome dos millones de pesetas, uno para Medio Ambiente y otro para la Junta de Centro. Luego subió a cinco, más tarde a 10 y al final a 25. Yo le pregunté que cuánto tiempo tardaría en darme la licencia y llamó a su contacto en la Junta de Centro, que le dijo que tres meses. Al final dije que no porque era demasiado dinero", asegura el empresario.

"Este señor es uno de los que cobraba a los empresarios para agilizar la concesión de licencias o arreglar cosas. Presumía de sus contactos en el Ayuntamiento. Decía que podía conseguir cualquier cosa. Siempre había que dar una parte para los funcionarios del Área de Medio Ambiente y otra para la Junta de Centro", explica este empresario, que pide permanecer en el anonimato.

El empresario informó a EL PAÍS sobre esta reunión el viernes 16, dos días después de que estallara la Operación Guateque y cuatro antes de que el lunes 19 fueran hechos públicos los nombres de los imputados. Julián Rubén López Martínez se encontraba entre ellos.

"Soltar el dinero"

El empresario admite que los técnicos de la Junta de Centro le habían informado anteriormente de que su local "está en una calle en la que se supone que no puede haber locales abiertos hasta las seis". "Pero así han sido siempre las cosas en Centro. Nada se puede hacer o se puede hacer todo. Sólo hace falta tener el contacto y soltar el dinero".

Este caso es muy parecido a los primeros detalles que se van conociendo de la investigación, que sigue bajo secreto de sumario. Se trata de empresarios que se topan con la barrera infranqueable de las ordenanzas cuando hablan con los técnicos y funcionarios, pero a los que poco después se les ofrecen empresas auxiliares que presumen de sus relaciones privilegiadas con algunos funcionarios.

"Los técnicos casi siempre dicen que no o son muy rigurosos en las inspecciones. Al final, cuando ya estás a punto de desistir, aparece una persona que se ofrece a arreglarlo todo. Pagando, claro", concluye el empresario.