El 6 de febrero es la fecha límite para el nuevo proceso

La decisión de la Comisión de Garantías federal de IU coincidió ayer con una reunión ordinaria de la Presidencia federal de la coalición de izquierdas. Y eso acaparó el debate, que fue tenso, según testigos presentes.

En la sesión se votó una resolución que fija el próximo 6 de febrero como plazo máximo para que la dirección regional de IU acate la decisión de la comisión de garantías "en un marco concertado con los recurrentes", dice el texto.

Además, impone a la Ejecutiva Permanente el mandato de velar por el cumplimiento de las resoluciones de la comisión, lo que incluye la que se hizo pública ayer y también las que hasta ahora la dirección regional se ha negado a acatar. Pero sobre todo obliga a la dirección de IU a entregar, antes del 6 de febrero, a la Ejecutiva federal los censos de los militantes, que le permitían controlar las agrupaciones de la región.

El documento fue aprobado con 28 votos y cinco abstenciones, aunque los representantes de la dirección regional se marcharon sin votar. Ya en el debate habían mostrado su malestar y emplazaron al coordinador general, Gaspar Llamazares, a pronunciarse sobre si estaba con la Comisión de Garantías o con la federación regional. Él se colocó, según un testigo, con "la legalidad y el cumplimiento de los estatutos". El diputado regional Miguel Reneses llegó a afirmar: "Esto nos lleva a la ruptura". La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, terció para rebajar la tensión, aunque echó en cara a los representantes madrileños que habían acudido a "echar la culpa a todos".

La dirección regional de IU respondió por la noche con un comunicado en el que afirma que sus "cabeza de lista ya están elegidos con arreglo a los estatutos". También negó competencia a la comisión federal. "Sólo cabe el acuerdo político", concluye el documento.