_
_
_
_
_

La gestora de unas 300 comunidades de vecinos deja de pagar sus recibos

Gespro, una de las principales administradoras de fincas de la capital, controla los fondos de los clientes y no abona sus facturas desde el verano

Pablo de Llano Neira

Decenas de comunidades de vecinos están en vilo por la gestión de una de las mayores administradoras de fincas de Madrid, Gespro, SA. Esta empresa, que lleva las cuentas de unos 300 edificios en la ciudad, dejó de pagar facturas de sus clientes a principios de verano. Los impagos se acumulan y las comunidades lo descubren a medida que reciben cartas de sus proveedores reclamándoles dinero o anunciándoles cortes de suministro (como el agua del Canal de Isabel II).

Gespro controla los fondos de todos sus clientes a través de una "caja única" a la que estos no tienen acceso, según explican los afectados, preocupados por la posibilidad de perder su capital: desde los 1.000 euros de un grupo de vecinos pequeño a los 25.000 de una comunidad de 26 propietarios, casos conocidos por este periódico.

"El Canal de Isabel II vino para cortarnos el agua", cuenta una vecina afectada
El gerente está de baja. "Le dio una lipotimia", dice una empleada de Gespro

El número de afectados es una incógnita, ya que los clientes se están enterando de la situación estos días. Y con rabia. Ayer a las nueve de la mañana, la Policía Municipal fue a poner calma en la oficina de Gespro en la calle de Alberto Aguilera. "Se formó tal tumulto que tuvimos que llamar", reconocía una empleada. Los oficinistas cerraron la entrada principal con la persiana de metal y, una vez se tranquilizó la situación, la gente entró por una puerta interior a dar sus quejas, a preguntar por qué se habían convertido en morosos, dónde estaba su dinero.

Gespro no explica cuál es la situación de la empresa. Se limita a entregar a las comunidades de vecinos documentos en los que se recoge cuál es su saldo "en la cuenta Gespro, SA", sin dar ningún dato preciso sobre esa cuenta ni aclarando si el dinero se les devolverá algún día.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Tampoco dice con cuántos clientes ha incumplido sus obligaciones de pagar facturas. El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid asegura que han recibido más de 20 denuncias por carta durante los últimos días y no ha contado los casos que les han comunicado por teléfono. Una empresa administradora de fincas afirmaba ayer que ya gestiona los asuntos de 12 clientes que han abandonado recientemente a Gespro. Este periódico ha conocido otros siete casos.

"El 14 de septiembre, a las 9.13 de la mañana, aparece una brigada del Canal de Isabel II diciendo que vienen a cortar el agua", cuenta Maite Yagüe, vecina del número 103 de la calle de Santa Engracia. "Y el presidente de la comunidad les dice: '¡Pero si nosotros tenemos domiciliados los pagos con Gesprosa!'. 'Ah, Gesprosa...', le respondieron los de la brigada".

Yagüe afirma que los empleados del Canal les mostraron un papel con una lista de edificios gestionados por esta empresa a los que iban a cerrarle el suministro. Ellos debían 1.002 euros. Su saldo en la cuenta de Gespro es 25.190 euros (cada uno de los 29 miembros de la comunidad pagaba a la administradora entre 50 y 100 euros al mes, según el tamaño del piso).

Tres vecinos del edificio reunieron el dinero que debían al Canal y lo ingresaron a mediodía, cumpliendo el plazo que les dieron en el momento para no quedarse sin agua. Según el presidente del edificio, Eugenio Amo, la compañía pública del agua le informó de que "habían intentado cobrar las facturas en la cuenta de Gespro, pero no había fondos". Llamando a otros proveedores estos vecinos han descubierto que tienen 1.740 euros más de deuda, según dicen. Aseguran que Gespro no ha accedido a darles la relación de pagos de los últimos meses.

Saber lo que ha ocurrido con el dinero de estas comunidades, por ahora, no es posible, al menos en boca de algún responsable. El gerente está de baja desde el jueves pasado. "Le dio una lipotimia", explicaba ayer una trabajadora de la empresa. Quien coordina la respuesta al chaparrón de quejas es una empleada que ha enviado para esta función la empresa Riva y García Fincas, la gestora catalana propietaria de Gespro.

Fuentes de la compañía que no quieren dar su nombre aportan claves del entuerto. Confirman que "en el transcurso de 2010" se ordenó que se dejasen de pagar las facturas de las comunidades (agua, luz, mantenimiento, obras...) "por problemas contables". Y utilizan expresiones como estas para describir la situación: "Se ha roto el melón"; "desde junio se veía venir que esto iba a caer en picado". Dan fe de la existencia de una "caja única" en la que están, o al menos estaban, los fondos de las más de 300 comunidades que gestiona Gespro. Pero nadie tiene idea de qué ha ocurrido con el dinero. "No sabemos lo que está pasando".

Acumular el dinero de todos los clientes en una sola cuenta -a la que solo tiene acceso la administradora de las fincas- es una técnica contable legal, según el presidente de la comisión deontológica del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Pedro Ureta. "Lo que no se puede es jugar con ese dinero", añade. Ureta afirma que nunca ha conocido un caso así, suponiendo que Gespro haya tocado los fondos de sus clientes, como estos temen.

"Puede que le hayan echado mano al dinero para hacer sus negocios", opinaba José Sánchez, que acudió a la oficina de Alberto Aguilera en representación de un propietario de la calle de Jardines, 11. "Verás, estos pegarán el cerrojazo y la pasta no estará", decía Marisa Polo, vecina de la calle de Montserrat, 12.

La noticia del lío le llegó por otra vía a los vecinos de un edificio de Lavapiés (no dan calle ni número). De súbito le surgieron tres meses de deudas con una empresa de limpieza. Su saldo en Gespro son unos 24.000 euros.

Las comunidades no son el único negocio de esta empresa. También gestiona el cobro de pisos particulares. "400 en toda la ciudad", según fuentes de Gespro. ¿Otra grieta en el "melón"? "A mí no me han ingresado los tres últimos meses que les ha pagado mi inquilino. Son 4.000 euros", afirmaba María Rubio al salir de la oficina.

El trasiego de caras largas no paró en toda la mañana. Gente a la espera de una respuesta sobre su dinero. Y a las puertas de la empresa, la voz amiga de otros administradores de fincas que pasaban por allí: "Disculpe señor, esta es mi tarjeta, por si la necesitan".

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_