Dos hombres menos
Reconstrucción de la vida de dos fallecidos en los tajos de Madrid. La siniestralidad laboral ha segado 72 vidas en 2007
Manuel Domínguez salió al andamio el 6 de junio a la hora del almuerzo. No tenía que estar ahí. Su trabajo era poner cemento desde dentro del edificio en construcción. Pero estaba. Y se cayó desde 18 metros. Una chapa falló y se precipitó al vacío. Estaba puesta "de mala manera", según la policía. Manuel tenía 25 años, un coche a medio pagar y estaba a punto de coger las llaves de su primera casa. Su hermano pequeño aún lo busca por la casa. Él es uno de los últimos nueve muertos en accidente laboral en Madrid. Todos han fallecido en apenas 20 días. "Tres semanas negras", según los sindicatos. En lo que va de año, 72 personas han perdido la vida en su puesto de trabajo en la región, casi tres por semana. Los sindicatos buscan a sus familias, intentan asesorarles, se personan en sus causas. Denuncian sin descanso. Y piden más colaboración de las administraciones. "Necesitamos medidas coercitivas, más control, penas de cárcel, para que los empresarios entiendan que una muerte les puede salir cara", señala Marisa Rufino desde UGT. "Porque detrás de cada cifra, hay un drama".
EL PAÍS reconstruye la vida de dos hombres muertos en el tajo: Manuel Domínguez y Antonio Guerrero, un brasileño de 51 años. Emigró a España hace dos años para sacar adelante a su mujer y a Gabriele, su bebé de nueve meses. Se cayó de lo alto de una nave. No llevaba protección. "Quiero llegar a los 70 años para llevar a esta niña guapa a la discoteca", decía cuando cogía a su bebé en brazos. Pero chocó con un mueble el 1 de junio. Era su cuarto día de trabajo en la empresa. Fue el último.
UGT: "Se necesitan penas de cárcel"
La media es escalofriante. Cada semana, tres obreros mueren en los tajos de Madrid. En total, 72 en lo que va de año, según estimaciones de este periódico a partir de datos oficiales. Tras cada muerte, una historia, un drama familiar, una situación de desamparo.
"En la mayoría de los casos mueren los empleados temporales y a sus familias les quedan unas pensiones ridículas", asegura Marisa Rufino, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-Madrid. Afirma que las contratistas "se desentienden en muchos casos" de los muertos. "Sólo ofrecen indemnizaciones cuando se sienten presionados y temen ir a la cárcel". Cada vez que muere un trabajador, los sindicatos intentan ponerse en contacto con sus familiares. Les ofrecen asesoramiento y se personan como acusación popular en sus causas. No siempre les sale bien.
"Muchas veces les ofrecen indemnizaciones, aceptan y callan", añade la portavoz sindical. "Y no puedes culparles, porque no tienen de qué vivir".
Con las empresas, el discurso cambia. UGT exige que los casos "se persigan hasta el final". "Necesitamos medidas coercitivas, penas de cárcel, que se den cuenta de que les puede salir caro", añade. Pero los procesos judiciales son lentos. "Tenemos algunos abiertos desde hace más de siete años". Y las prioridades son otras, según el sindicato. "Los juzgados están colapsados por los casos de violencia de género, por temas de tráfico. No digo que no sean asuntos importantes, pero también hay que atender las muertes en el trabajo", insiste Rufino.
El sindicato UGT pide, además, que se acelere la publicación de las listas de empresas que incumplen las medidas de seguridad, una medida aprobada por el Gobierno. "Hay que sacarles los colores, hay que bajar estas cifras", concluye.
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