Los implicados en las grabaciones siguen habilitados para trabajar
La policía pide explicaciones a Metro y Prosegur por no denunciar las agresiones
Es un vídeo antiguo, grabado hace más de un año. Muestra cómo dos vigilantes del metro de Madrid (hay 2.000 en toda la red) persiguen a un viajero por la escalera mecánica y le golpean. Graba una tercera persona, que no sale en ningún momento, pero que anima a los agresores y pone "efectos especiales". Son imágenes que Metro y Prosegur -la empresa de seguridad para la que trabajaban los vigilantes- conocieron en octubre. Pero uno de los supuestos agresores que aparece en las imágenes no fue despedido hasta ayer, después de que el vídeo apareciera en la web de EL PAÍS.
Prosegur, que aseguraba el miércoles que habían despedido a seis trabajadores implicados en las distintas grabaciones, comunicó ayer al empleado su despido, según confirmó una portavoz de la empresa. Ésta no especificó si el vigilante trabajaba en los servicios de Metro o en otras instalaciones, pero lo cierto es que seguía siendo empleado suyo. A pesar de que Metro, adonde llegaron las imágenes de forma anónima en octubre, se las remitió para que depurara responsabilidades "laboral y judicialmente".
Un portavoz de Metro aseguró ayer que Prosegur les había comunicado "oficialmente" que el vigilante ya no seguía trabajando para ellos, tal como aseguró a este periódico el miércoles. Ante la pregunta de si existen nuevos vídeos de los que Metro tenga conocimiento, la respuesta oficial fue: "Todo el material conocido por Metro se ha enviado a la policía".
No aclaran si existen más vídeos, pero tampoco hicieron mucho con los que ya conocían -los dos primeros desde agosto, los dos últimos, oficialmente desde octubre- hasta que fueron difundidos públicamente. Ni despido, ni denuncias durante meses. La primera visita a un juzgado relacionada con estos hechos -cuatro vídeos a los que ha tenido acceso este periódico en los que aparecen vigilantes de seguridad del metro agrediendo a usuarios- se produjo el miércoles por la noche, según la portavoz de Prosegur, que aseguró que la empresa denunció en el juzgado las agresiones, pero se negó a facilitar la denuncia a este periódico.
Esa falta de premura puede traer problemas a las dos empresas, tanto a Metro como a la concesionaria de una porción de su servicio de seguridad. Fuentes de la Jefatura Superior de Policía explicaron que pedirán explicaciones a ambas por no haberles comunicado las posibles agresiones cuando les llegaron las grabaciones.
La Jefatura ha abierto además diligencias penales y ha identificado a uno de los agresores. También han iniciado los expedientes que pueden terminar con la inhabilitación de los supuestos agresores como vigilantes. Porque, de momento, cualquiera de ellos puede seguir desempeñando sus funciones sin que exista ningún impedimento. Para trabajar de vigilante se necesita la llamada tarjeta de identidad profesional, un permiso que expide el Ministerio del Interior. Y para que Interior lo retire se necesita "condena firme por un delito doloso cometido en el ejercicio de sus funciones", según la Ley de Seguridad Privada. Mientras continúa el proceso, la Jefatura estudia pedir a la Delegación del Gobierno la retirada cautelar de sus placas.
CC OO advirtió ayer de que los vigilantes que cometieron supuestamente las agresiones "pueden estar trabajando para otras empresas de seguridad". Su portavoz en el sector de Seguridad Privada, Javier Torrejón, manifestó su indignación por las agresiones y señaló que, mientras no se les retire la tarjeta de identificación profesional, seguirán trabajando como vigilantes para otras empresas.
