Un imputado en el 'caso Guateque' admite que alteró documentos

Los ex funcionarios del Ayuntamiento de Madrid prolongan su protagonismo en el caso Guateque (la trama de corrupción en la concesión de licencias municipales). Carmelo García, trabajador jubilado de la Gerencia de Urbanismo e imputado en el caso, admitió ayer ante el juez Santiago Torres, que instruye el caso, que falseaba fotocopias para "tranquilizar" a los "clientes" que solicitaban su mediación con el fin de obtener una licencia para sus locales.

García está acusado de delitos de prevaricación, tráfico de influencias para la agilización del trámite de licencias de locales comerciales y de ocio, cohecho y falsificación documental, pero el juez Torres se centró en este último. El antiguo funcionario contó al magistrado que cogía fotocopias de licencias de años anteriores, borraba algunos campos y los rellenaba con los datos de sus clientes, según su abogado Manuel Maza. "Esos papeles no sirven para la tramitación de licencias y no constituyen falsedad documental", aseguró el letrado.

El pasado 20 de diciembre, Carmelo García reconoció que hacía trabajos para la firma AC 93 -una de las empresas privadas implicadas en la tramitación, presuntamente irregular, de licencias-, de la que es directivo Santiago Castillo, otro imputado en el caso Guateque y presunto intermediario entre funcionarios y empresarios, que declaró el martes.

La intervención del funcionario Manuel Álvarez se enredó en torno a un informe desfavorable de la Comisión de Patrimonio, que depende de la Concejalía de Urbanismo, sobre un local situado en la calle de la Flor Baja, 1. Álvarez aseguró al magistrado que dio vía libre a la obra del local porque, en su opinión, el escrito estaba equivocado, según fuentes jurídicas.

El maratón de funcionarios que declaró ante el juez se cerró con Mario Mínguez, de la sección de Disciplina Urbanística de la Junta Municipal de Centro, que explicó que había trabajado con Carmelo García.