Cinco imputados por cobrar dinero negro en la venta de pisos protegidos
La trama operaba en Arganda e implica al mayor constructor de la localidad
El mayor constructor de Arganda del Rey, Julián Sánchez Primo, está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Arganda del Rey por el supuesto cobro de dinero negro en la venta de decenas de viviendas protegidas en la localidad. Junto a Sánchez Primo han sido imputados por los delitos de estafa y fraude fiscal el dueño de la inmobiliaria Vilsa, Francisco Javier Villapalos Aguilar, su yerno, Mariano Trillo Ramírez, y dos trabajadoras de Vilsa. El juez también investiga un posible delito de coacciones al que Trillo Ramírez habría incurrido al presionar a una denunciante para que retirara una denuncia presentada contra la trama.
Los imputados, que también están siendo investigados por el Ministerio de Hacienda por presuntas irregularidades fiscales, exigían a los compradores una cantidad de entre 40.000 y 69.000 euros en dinero B o negro. El caso se refiere a dos promociones con un total de 136 viviendas situadas en la confluencia de la avenida de la Tolerancia y la calle de la Comprensión, en las zonas de nuevo desarrollo del municipio. Las casas fueron vendidas a lo largo de 2005 y hasta el momento se desconoce cuántas habrían sido vendidas con el sobreprecio ilegal.
El juez investiga si un empresario coaccionó a una denunciante
Hasta el momento, una veintena de compradores, algunos denunciantes y otros como testigos, han acudido a declarar ante la juez que instruye el caso. Todos ellos han confirmado el pago del dinero negro, que les era exigido con el argumento de que "era para otras personas que habían comprado antes el piso sobre plano y que se habían arrepentido", según la declaración de uno de los testigos llevada a cabo el pasado 22 de octubre.
Un informe de la Guardia Civil, incluido en las diligencias y fechado el pasado 13 de junio, corrobora los pagos irregulares. Tras investigar decenas de contratos de compraventa y la documentación aportada por los compradores denunciantes, la Guarda Civil concluyó que "la promotora a algunos de los compradores, sobre todo de las últimas fases, les exigía el pago de cierta cantidad de dinero en B".
La Guardia Civil también concluye que la promotora de Sánchez Primo "ha cobrado de más a los propietarios que lo que la Comunidad de Madrid estipuló" en la Calificación Definitiva de Viviendas con Protección Pública. Una tercera irregularidad sería la venta de trasteros, que en la Calificación constan como "vinculados a los pisos" y que fueron cobrados por separado.
Una última irregularidad comprobada por la Guardia Civil raya la usura. Se trata del caso de una compradora a la que la hipoteca obtenida en el banco se le quedaba 9.000 euros corta para llegar al precio de venta del piso. "La promotora prestó a la manifestante 9.000 euros que le faltaban mediante la firma de 60 letras de cambio de 210 euros". Es decir, le cobró un total de 12.600 euros a cinco años.
Este caso, además, pone de manifiesto cierta connivencia entre la promotora y la entidad financiera, que no es citada por su nombre en el informe: "La cantidad de 9.000 euros pedida a Sánchez Primo la solicitó a éste por recomendación del banco donde había pedido el préstamo hipotecario", concluye el informe de la Guardia Civil.
La juez instructora investiga si es cierto, como intentan demostrar los abogados de los afectados, que la trama exigía y cobraba el dinero en las oficinas de Vilsa y éste era posteriormente entregado a Sánchez Primo. En todas las ocasiones, según los denunciantes y testigos, las empleadas de Vilsa cogían el dinero, lo contaban y lo introducían en una bolsa. Poco después, les acompañaban a las oficinas de Sánchez Primo a firmar el contrato de compraventa.
Hasta el momento, sólo han declarado ante el juez Villapalos y Trillo. Sánchez Primo y las dos empleadas de Vilsa lo harán en las próximas semanas. El promotor ya ha avanzado a varias personas relacionadas con el caso que él no se ha llevado "ni un euro en dinero negro" y que no se hace responsable de lo que haya podido hacer Vilsa.
Villapalos, dueño de la inmobiliaria, compareció ante el juez el pasado 23 de octubre. Allí fue interrogado sobre varios casos y negó que, en uno de ellos, exigiera 56.750 euros a unos clientes "si querían firmar escrituras". En su declaración también eludió cualquier responsabilidad, aunque en este caso no salió en defensa de sus empleadas al afirmar desconocer si "éstas han acompañado a clientes de Vilsa a las oficinas de Sánchez Primo", supuestamente para entregar al promotor el dinero que los clientes pagaban en negro.
Trillo Ramírez, por su parte, también negó ante el juez haber exigido a una cliente 40.200 euros ni haberla amenazado para que retirara la denuncia presentada contra la trama.
¿Dónde están los billetes?
La trama organizada en Arganda para el cobro de cantidades millonarias en dinero negro en la venta de viviendas protegidas esconde un gran interrogante que será clave en el proceso judicial en marcha. La pregunta a responder es adónde ha ido a parar el dinero negro, casi todo en billetes de 100, 200 y 500 euros, pagado por los compradores.
Las declaraciones de la veintena de compradores que han comparecido delante del juez se parecen como gotas de agua al describir el proceso de compra de la vivienda protegida y el pago de dinero negro. Los clientes acudían a Vilsa para informarse de la posibilidad de comprar un piso protegido. Allí se les decía que un requisito imprescindible era no tener ninguna vivienda en propiedad, por lo que Vilsa se ofrecía para vender primero la que tuvieran.
Tras la venta, Vilsa informaba de la necesidad de pagar entre 40.000 y 69.000 euros a una supuesta familia que había renunciado a quedársela. La ruptura de un matrimonio era la razón utilizada para justificar que alguien renunciara a comprar un piso protegido cuyo precio era más de un 30% inferior al de mercado.
Varios compradores han afirmado ante el juez la sorpresa que se llevaron en la firma del contrato de compraventa al ver que el vendedor era el propio Sánchez Primo y no la supuesta familia.
Para proceder a la compra de la vivienda protegida, Vilsa se reunía con los compradores en sus oficinas. Allí, una empleada les hacía subir al primer piso, donde contaba el dinero con una máquina antes de introducirlo en una bolsa. Posteriormente, la misma empleada acompañaba a los compradores a las oficinas de Sánchez Primo para firmar el contrato de compraventa.
La clave, que hasta el momento no ha podido ser desvelada, es si el dinero se quedaba en Vilsa o era llevado hasta las oficinas de Sánchez Primo por la misma empleada cuando acompañaba al cliente.
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