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Los inspectores piden más tiempo y medios para visitar colegios

Los funcionarios reclaman a Aguirre que regule su trabajo y les pague mejor

Pilar Álvarez

Los inspectores de educación de la Comunidad de Madrid están en pie de guerra. Son 167 trabajadores, de los que el 85% respalda con su firma la protesta. Todos han sido docentes antes de llegar a la inspección. En una carta, piden ayuda a la presidenta Esperanza Aguirre. Alertan de que el "deterioro" de sus funciones les impide inspeccionar a fondo colegios e institutos y se quejan del "desconocimiento y desconsideración" que la administración tiene por su trabajo. "Hemos sido objeto de una descarada burla", añaden en la misiva remitida el 19 de mayo. Hoy se reunen con representantes de la Consejería de Educación.

"Hay descontento e indignación, nos infravaloran", acusa Juan José Reina, presidente de ADIDE Madrid (Asociación de Inspectores de Educación), el colectivo mayoritario. Todas las asociaciones con representación -ADIDE, ANIE (Asociación Nacional de Inspectores de Educación) y los sindicatos CC OO, FETE-UGT y USITE- firman la carta en la que reclaman un decreto que regule su trabajo. "Tal como estamos ahora, todas las direcciones generales nos pueden dar órdenes, es un desbarajuste", asegura Reina. "Nos han intentado usar de recaderos para soltar y recoger las pruebas de diagnóstico, se montó tal bronca que desecharon la idea", dice Miguel Ángel Fernández, representante de los inspectores en FETE-UGT.

Denuncian que dedican mucho tiempo a tareas burocráticas y poco al trabajo de campo. "Nos quedan pocas horas para lo más importante: evaluar centros o ver por qué fracasan los alumnos", asegura Marcelino Guerrero, de CC OO. Él inspecciona 14 centros de secundaria. Y puede llegar a hacer hasta 30 informes mensuales con revisiones de los partes de falta, de los horarios, habilitaciones de los profesores... "Hacemos trabajo de mesa pero luego no hay un tiempo establecido, por ejemplo, para analizar por qué hay centros donde se concentran guetos o qué tipo de variables socioeconómicas se dan en otros con un alto fracaso escolar", añade.

Piden más plantilla. Un portavoz de la Consejería de Educación aseguró que habrá 30 incorporaciones al cuerpo de inspectores hasta final de año. La Consejería declinó hacer más valoraciones a EL PAÍS sobre la protesta hasta después de la reunión de hoy. Pero para los representantes de los inspectores, 30 plazas no es suficiente. "El 70% de nuestra plantilla son interinos, las nuevas incorporaciones servirán para dar plaza fija a algunos pero no ampliará la cifra total", sostiene Reina. Para ser inspector es necesaria una experiencia de ocho años como docentes. Se enfrentan a una oposición y un concurso de méritos, en el que puntúa haber sido director de un centro escolar. Cobran unos 2.800 euros netos al mes de media, según sus datos. Y reclaman un complemento específico de 400 euros mensuales más que, según denuncian, deberían haberles revisado hace casi una década.

También denunciaron en una carta previa a la consejera de Educación, Lucía Figar que técnicos de otras áreas usurpan sus funciones y visitan colegios e institutos en su lugar. "Es un incomprensible desprecio" para los inspectores y una "injerencia en sus funciones", escriben. "La educación madrileña, igual que la inspección, tiene mucho que mejorar", asegura Juan José Reina. "Y para conseguir eso no nos pueden dejar de lado", concluye.

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Sobre la firma

Pilar Álvarez
Es jefa de Última Hora de EL PAÍS. Ha sido la primera corresponsal de género del periódico. Está especializada en temas sociales y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en este diario. Antes trabajó en Efe, Cadena Ser, Onda Cero y el diario La Opinión. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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