El interventor critica el sobrecoste de protección ambiental de la M-501

Doble reproche a las obras de desdoblamiento de la carretera de los pantanos, la M-501. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Intervención General, el órgano fiscalizador regional (adscrito a la Consejería de Hacienda), han cuestionado en los últimos días la gestión del Gobierno de Esperanza Aguirre en relación a las obras en esta vía, en el tramo de 18 kilómetros entre Quijorna y Navas del Rey.

El interventor general, Gregorio Madrid Esteban, ha emitido un informe "desfavorable" sobre el expediente que modifica el coste del contrato con el fin de introducir medidas de protección ambiental. De los 1,4 millones de euros fijados se ha llegado a 7,2 millones. Es decir, hay un sobrecoste del 400%. La Ley de Contratos fija el tope de una modificación en el 20%.

Además, el interventor asegura que se ha infringido la ley presupuestaria y también se ha incumplido la de Contratos, al tramitar el expediente. Esta ley exige a la Administración regional contar con un certificado de existencia de contrato que garantice el crédito. El Gobierno regional redactó el pasado 28 de septiembre el documento, pero menos de un mes después, el 17 de octubre, lo canceló. Por eso, el contratista no contaba con una garantía presupuestaria, como ordena la Ley de regulación de la Hacienda regional.

Además, ayer se hizo público un auto del Tribunal de Justicia de Madrid que exige la paralización de las obras de desdoblamiento de la carretera en cumplimiento cautelar de una sentencia del pasado 14 de febrero, que ha sido recurrida por la Comunidad de Madrid. Para hacerlo efectivo, el tribunal exige a Ecologistas en Acción, la demandante, que pague una caución de medio millón de euros.

Tanto la Consejería de Transportes como la organización ecologista anunciaron ayer que recurrirán la decisión. La primera porque no está de acuerdo con la obligación de paralizar los trabajos de duplicación de la calzada; la segunda, porque carece de presupuesto para afrontarlo y porque cree que debe primar la protección al medio ambiente.

La idoneidad de duplicar la carretera de los pantanos ha sido objeto de polémica desde que comenzó a proyectarse, cuando aún era presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón hace dos legislaturas, porque discurre por una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y es Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Sin embargo, eso no impidió a Aguirre seguir adelante con el proyecto, aún sin contar con declaración de impacto ambiental. La obra está recurrida en los tribunales españoles y las protestas han llegado a Bruselas.