Un juez vuelve a tumbar la privatización de un colegio público

La secuencia se repite. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nulo el decreto que permitió a la Consejería de Educación privatizar el colegio público Miguel Ángel Blanco, situado en el municipio de El Álamo. El alto tribunal tumbó un primer decreto en 2009 y la consejería lo cambió por otro, que el juez vuelve a tumbar.

En mayo de 2008, Educación sacó el centro de la red de colegios públicos para convertirlo en un concertado, sentando un precedente. Además de la cesión de suelo municipal, la Comunidad había costeado parte de su construcción, casi dos millones de euros para el edificio central que dio por perdidos. La consejería aprobó la cesión a una empresa a pesar de que había más de 60 alumnos matriculados en el Miguel Ángel Blanco. Lo justificó por la mala situación económica del Ayuntamiento, que no podría hacer frente a los costes de un centro público. CC OO y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos recurrieron la decisión en 2009 y lo volvieron a hacer tras el cambio de decreto.

"Un defecto de forma"

La nueva sentencia, fechada el 23 de enero y publicada ahora, declara "nulo de pleno derecho" el decreto de diciembre de 2009 que sacaba del listado de centros públicos al colegio, que ahora se llama Los Nogales y es concertado. El motivo es que la decisión no se sometió a la valoración del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. El tribunal cree que saltarse ese trámite vulnera la normativa y "supone una indefensión de los interesados". No entra en cuestiones de fondo aunque advierte de que lo hará si, una vez cumplido el trámite de consulta, "el decreto volviera a aprobarse en términos similares". Un portavoz de Educación señaló que la sentencia, contra la que cabe recurso, se refiere a "un defecto de forma simplemente" que subsanarán "en los próximos días" enviándolo al Consejo Escolar. Educación cree que el fallo "no tiene ningún efecto práctico desde el punto de vista educativo, de escolarización o de ordenación de centros". CC OO, la FAPA y el PSM pidieron ayer que el centro vuelva "al registro de centros públicos". Para la Giner de los Ríos, la sentencia demuestra que el Gobierno regional "legisla fuera de la ley". Comisiones añade que no cejará en la vía jurídica y en "todas las demás" a su alcance hasta que vuelva a ser público.