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Entrevista:LUCÍA FIGAR | Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid

"Las pizarras digitales son más útiles que los miniportátiles de Zapatero"

Pilar Álvarez

No se sale del guión. La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, se aferra a la libertad de elección de los padres para eludir preguntas incómodas sobre el impulso de su Gobierno a la escuela concertada. Figar (Madrid, 1975) atendió el viernes 19 de febrero a EL PAÍS. El primer bloque de preguntas, relacionadas con el pacto educativo que quiere cerrar el Gobierno, se publicó el pasado lunes. La consejera, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, respondió también a cuestiones sobre su gestión al frente de la Consejería. Presume de la implantación de los centros bilingües, que califica de sobresaliente. Arremete contra el plan de reparto de ordenadores del Gobierno, del que Madrid se ha quedado fuera por decisión propia, y advierte a las universidades públicas de que recibirán menos dinero del que esperan.

"Los resultados académicos no están relacionados con los alumnos por aula"
"20.000 niños se quedaron sin plaza en las escuelas infantiles públicas"
"La deuda con las universidades ni se acerca a los 139 millones que piden"
"No repartiremos a los inmigrantes en centros que no han elegido sus familias"

Pregunta. Póngale nota a la educación madrileña.

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Respuesta. Va mejorando, estamos seis puntos por debajo de la media en fracaso escolar. No es para sentirse satisfecho, porque queremos estar a la altura de Finlandia, Suecia, Alemania o Japón. Pero hemos mejorado en la reducción de barracones, que vamos a erradicar en esta legislatura, y en la implantación del bilingüismo, que el próximo curso llega a 242 colegios públicos y 32 institutos. Somos la única comunidad que regula el aprendizaje del inglés desde los tres años.

P. ¿Por qué prima la educación concertada frente a la pública?

R. No es así. Defendemos la libertad de elección. En esta legislatura hemos construido 160 centros públicos y hemos facilitado la apertura de 24 concertados.

P. Pero en el año del presupuesto más restrictivo, es de las pocas partidas que suben; en un año se cedió tanto suelo a centros concertados como en los siete anteriores y el crecimiento de alumnos es cinco veces más rápido que en la pública.

R. El suelo no es de las comunidades, son los ayuntamientos los que impulsan estos centros. Aspiramos a que cada vez sea mayor el porcentaje de familias con plaza en la escuela que elijan como primera opción, como ocurre en Madrid en el 86% de los casos. Y hemos aplicado medidas muy duras de ajuste. Suspendimos los acuerdos de mejoras retributivas para los docentes de la concertada.

P. ¿Obligarán a los concertados a asumir más extranjeros y con necesidades especiales?

R. La situación es parecida en toda España. Lo que no haremos es crear colegios sólo para inmigrantes, como Cataluña, ni repartirlos en autobús hasta centros que no han escogido sus familias. La línea es apoyar a los centros con más alumnado difícil con aulas de enlace, compensatoria y más profesores y recursos.

P. Entonces no plantea una distribución más equilibrada.

R. Insisto, ni centros sólo para inmigrantes ni un autobús para ir a colegios fuera de su barrio.

P. Hay barrios con centros concertados y públicos, que no tendrían que ir en autobús.

R. Defendemos la libertad de elección para los españoles y para los extranjeros.

P. ¿Y van a perseguir las llamadas cuotas voluntarias de los concertados?

R. Siempre hemos atendido las quejas, que habrán sido unas seis en los últimos 20 años.

P. ¿Pero son conscientes de que esas cuotas impiden la libertad de elección a alumnos con menos recursos económicos?

R. Ningún concertado puede cobrar a las familias una cuota de escolaridad, lo prohíbe la LOE. Sí pueden cobrar por actividades extraescolares o comedor.

P. ¿La autoridad del profesor necesita dos millones de euros en publicidad?

R. No vamos a hacer una campaña para publicitar la ley, sino de sensibilización para fomentar el respeto y la consideración social del profesor. Por cierto, es una de las propuestas del ministerio para el pacto educativo y de PSOE e IU en sus textos alternativos a la Ley de Autoridad.

P. Ellos incluyen un descenso en el número de alumnos por aula. ¿También lo va a considerar?

R. Las ratios las establece la LOE. Todos los centros madrileños las cumplen o las mejoran. La LOE fija para Primaria 25 alumnos por clase y aquí la media es de 22,6. Y para Secundaria, con 28, estamos en 26,2.

P. ¿Cree que tener menos alumnos en clase ayudaría a los docentes?

R. Los datos con los que cuento, del informe PISA, dicen que los resultados académicos no guardan relación con el tamaño del aula. Sí advierte que las pruebas externas, o el refuerzo de la autoridad del profesor, pueden provocar mejoras sustanciales.

P. ¿Habilitarán plazas suficientes para los 30.000 menores de tres años en lista de espera en las escuelas infantiles públicas?

R. El dato es menor porque hay familias que piden plaza en varios sitios. Rondó los 20.000 al inicio de curso y el 70% de esos niños disfrutan de los cheques guardería de la Comunidad. En todo caso, la educación hasta los tres años es una etapa que ni es obligatoria ni gratuita. Y hemos hecho un gran esfuerzo. Abriremos 23 escuelas infantiles en septiembre.

P. ¿Cómo y cuándo pagarán a las universidades públicas los 139 millones que piden en atrasos de gasto corriente?

R. Desconozco esa cifra. Manejamos una muchísimo menor que está cerrando la Consejería de Hacienda y que desde luego ni se acerca a 139 millones. Desde que gobierna Esperanza Aguirre la financiación a las universidades ha pasado de 790 a 1.084 millones.

P. Pero la presidenta firmó un pacto para financiar infraestructuras que ha incumplido.

R. Sí, y otros se comprometieron al pleno empleo con 34 millones de electores y estamos como estamos. Las administraciones públicas sufren una crisis galopante y hay un paro del 20%. No hemos tocado ninguna partida que afecte a recursos humanos o al funcionamiento corriente de las universidades.

P. Pero la deuda que tienen con ellos les ha obligado a apretarse el cinturón.

R. Hemos ajustado el presupuesto, pero la voluntad no es incumplir acuerdos, sino ralentizar las inversiones en obra nueva, equipamiento o rehabilitación. El compromiso es cerrar una cifra con la que estén de acuerdo todos y fijar un calendario de pagos que podría empezar en 2010. Consensuaremos con los rectores en qué año terminar.

P. Con Madrid a la cola de ordenadores por alumno, ¿es buena idea renunciar a 11 millones de euros del plan del Gobierno para dar portátiles a los escolares?

R. El problema de la educación española no son los miniportátiles. Ese plan propone una entrega masiva sin objetivos, sin contemplar la formación del profesorado y sin financiación suficiente.

P. ¿Se equivocan otras comunidades que han firmado el acuerdo como Galicia, La Rioja o Castilla y León, gobernadas también por el PP?

R. Cada comunidad tiene sus prioridades. Nosotros tenemos claro que hay que empezar con un pequeño grupo de centros, evaluar su resultado, formar a los profesores. En septiembre implantaremos en los colegios públicos bilingües y en los de educación especial otra herramienta que nos parece más útil que los miniportátiles de Zapatero, las pizarras digitales.

P. Usted aludió a 12 informes negativos sobre los portátiles. ¿Qué dicen esos informes? ¿Los ha entregado a la oposición?

R. No, porque no me los han reclamado. Los tengo listos. Dicen básicamente que exponer a los alumnos de manera continuada a ese tipo de herramientas puede causar dificultades visuales a partir de la tercera hora y que la postura ergonómica que exigen no es la adecuada.

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Sobre la firma

Pilar Álvarez
Es jefa de Última Hora de EL PAÍS. Ha sido la primera corresponsal de género del periódico. Está especializada en temas sociales y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en este diario. Antes trabajó en Efe, Cadena Ser, Onda Cero y el diario La Opinión. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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