"No podemos comer piedras"

A las ocho de la noche de ayer, Lavapiés estaba más lleno de inmigrantes que nunca. "Y seríamos más si la policía no hubiera empezado a limpiar la calle antes de la marcha. Muchos se han quedado en casa por miedo a que les detuvieran", afirmó Seriñe. Él es de Sena, por Senegal, como la mayoría de los reunidos. Más de 350 personas marcharon desde la plaza de Lavapiés hasta Sol para pedir la despenalización del top manta, la excarcelación de los manteros que están cumpliendo condena por este delito y papeles para todos. Una protesta que convocaron la Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino y la asociación de Sin Papeles de Madrid.

Muchos se desgañitaron ayer, bajo el lema Sobrevivir no es delito. Entre ellos, Moru, de 22 años. Lleva dos años en España, buscando en qué ganar dinero. "No podemos comer piedras", dijo. En Senegal trabajaba de electricista y de albañil. Aquí ha podido ganarse las lentejas alguna vez en lo mismo, pero en contadas ocasiones, porque no tiene papeles. Aun así, no quiere volver a su país. "Sería perder el tiempo", aseguró, tratando de hacerse oír entre los gritos de "Si no vendemos, con qué comemos" o el clásico "Papeles para todos", que coreaban tanto inmigrantes como numerosos españoles que se unieron a la causa.

Moru por ahora no ha recurrido nunca al top manta. Moar, en cambio, sí. Tiene 27 años, y en sus dos años y medio en España ha trampeado como ha podido para sobrevivir. "He trabajado en la fresa, en Almería, pero ahora estoy parado", reconoció, medio en español, medio en francés. En Madrid, ha vendido CD y películas por unos pocos euros. Un trabajo que resume con una frase: "Dos personas para una sola manta, y correr mucho, con la policía detrás". Él tampoco está dispuesto a irse del país. Quiere quedarse en España para "luchar" por su vida.

La marcha acabó a las nueve y media en Sol sin incidentes. En la actualidad hay 62 presos en España y más de 100 causas abiertas por reproducción, plagio o distribución de obras con autoría registrada, delito que, según el Código Penal, puede suponer hasta dos años de prisión y de 12 a 24 meses de multa.