La presidenta nombra director general a un exalcalde imputado por el 'caso Cárcavas'
El Consejo de Gobierno aprobó el jueves pasado cuatro decretos que reestructuran otras tantas consejerías y que, entre otras cosas, incluyen el nombramiento de nuevos altos cargos. Uno de ellos, el director general de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación y Empleo es Gonzalo Aguado Aguirre, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y actualmente imputado por el caso del parque del Arroyo de las Cárcavas. El Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo investiga la presunta corrupción que en 2008 denunció el PSOE con relación a las obras del parque, y mantiene imputados, entre otros exediles del municipio, a Aguado.
El proyecto de las Cárcavas se adjudicó (a un grupo empresarial del que formaba parte Alfonso García-Pozuelo Asíns, imputado en el caso Gürtel) en marzo de 2006 por 4,5 millones de euros, pero meses después el coste de la obra se disparó hasta los 11 millones por añadidos y modificaciones al proyecto original. El secretario municipal elaboró un informe en el que señaló irregularidades y manifestó: "La dirección facultativa ha incumplido su obligación de pedir autorización previa para firmar un acta de suspensión de las obras". Esa suspensión fue definitiva para elevar el presupuesto final.
Cuando, en febrero pasado, Aguado, entonces todavía alcalde, fue a declarar por el caso, lamentó ante el juez los efectos políticos de su presunta implicación ya que, según dijo, el PP no iba a presentar a candidatos que estuvieran imputados. De hecho, solo unos días antes el partido había presentado a la alcaldía de Pozuelo a Paloma Adrados, hasta entonces consejera de Empleo, Inmigración y Mujer en el Gobierno de Aguirre. La situación procesal de Aguado no ha cambiado. A preguntas de EL PAÍS, la Consejería de Educación aseguró que "pide respeto a la presunción de inocencia" de Aguado. Añadió que espera que su imputación "sea retirada en los próximos días" y que "es por un acto administrativo y no existe ninguna acusación ni sospecha de enriquecimiento personal sobre el nuevo director general de Infraestructuras".
