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Tres proveedores se niegan a servir al hospital de Valdemoro por impago

El centro ha rebajado más del 10% el salario base de las enfermeras

Oriol Güell

Impagos a proveedores, despidos improcedentes, fugas de médicos, rebajas salariales, tráfico de pacientes a otros hospitales del grupo, déficit, escasez de personal... Los cuatro primeros meses de vida del hospital Infanta Elena de Valdemoro han sido todo menos lo plácido que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha querido transmitir.

A la complejidad de la puesta en marcha de un centro sanitario, se han unido todo tipo de tensiones entre la dirección del centro y los empleados, y varios desajustes financieros que ya han tenido las primeras consecuencias: EL PAÍS ha confirmado que al menos tres proveedores del hospital se han negado a servir nuevas mercancías hasta que Capio Sanidad, propietaria del hospital y grupo que también gestiona la Fundación Jiménez Díaz, haga frente a las facturas que les debe.

El de Valdemoro es el único de los nuevos hospitales de gestión enteramente privada y la Consejería de Sanidad le paga 330 euros al año por cada uno de los más de 100.000 habitantes que viven en la zona que atiende (Valdemoro y municipios cercanos). Esta cantidad es fija y anual, independientemente del uso del hospital que haga la población. El acuerdo entre Sanidad y Capio es que si los costes médicos son inferiores a lo que el Gobierno regional paga, la empresa se lo queda en forma de beneficios. Pero si es superior, entonces la empresa debe asumirlo.

"Es lo que ha pasado y, claro, esto es una empresa, no un hospital público, y se han tenido que poner a ahorrar a toda pastilla", explica ilustrativamente un trabajador del centro. "El problema de base es que Capio calculó que la población de la zona es joven y va poco al hospital. Pero resulta que hay muchas residencias de mayores que están enviando pacientes y esto está complicando las cuentas", añade.

Un portavoz de Capio declinó ayer contestar a las preguntas planteadas por este periódico sobre estos hechos.

Fuentes que han tenido acceso a la dirección del centro explican que el "hospital ha acumulado ya un déficit de unos 600.000 euros, cuando lo previsto a estas alturas del primer año eran unos 70.000. Además, la inversión inicial prevista, de unos 65 millones de euros, se ha disparado hasta más de 77". La política de ahorro que ha puesto en marcha el hospital tiene varios frentes. Uno de ellos ha sido el de retrasar al máximo los pagos a proveedores, hasta el extremo que algunos de ellos se han plantado.

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Otra medida ha sido la derivación de enfermos a otros hospitales del grupo para ahorrar costes. "Hasta la apertura del hospital, los vecinos de la zona acudían al hospital 12 de Octubre, que sigue siendo el de referencia en la zona", explican fuentes del centro. "Ahora, cuando tienen un enfermo que necesita un tratamiento complejo, no disponible en Valdemoro, Capio lo envía a sus hospitales [además de la Fundación Jiménez Díaz, el grupo el hospital del Sur, en Alcorcón]. Lo hace porque el hospital de Valdemoro debe pagar por los tratamientos a sus pacientes en otros centros y así el dinero no sale del grupo", añaden estas fuentes.

Otro tema que ha levantado gran malestar entre el personal de enfermería es la rebaja salarial que han tenido que soportar entre lo que la empresa les prometió inicialmente y lo que empezaron a cobrar a finales de octubre, cuando abrió el hospital.A la firma del precontrato de trabajo, documento al que ha tenido acceso este periódico, la remuneración anual prometida era de 21.655 euros, cantidad que en el contrato definitivo se ha visto reducida a 19.000 euros (un 12,2% menos). "Lo hicieron sin avisar y ha generado mucho malestar. Sólo tras muchas quejas la empresa compensa ahora a algunas profesionales con un complemento no consolidable, lo que no es lo mismo porque puede ser retirado cuando la empresa quiera", explicaron varias empleadas.

El personal de enfermería también se queja de la escasez de plantilla. "Estamos atendiendo 30 camas entre dos enfermeras. En un hospital público, son cuatro o como mínimo tres. Y en la UCI estamos a cargo de tres pacientes cada enfermera, mientras en uno público como mucho cada enfermera atiende a dos", se quejan.

Otro colectivo que ha tenido diferencias con la dirección es el de médicos. "Capio prometió mucho y luego cumplió muy poco", explica un facultativo que ya ha abandonado el hospital. Las diferencias en este caso se extendían al reparto de guardias, proyección profesional y otras condiciones de trabajo. Por todo ello, el equipo de medicina interna se fue en bloque en diciembre. Pero el goteo de facultativos que se van se extiende a otras especialidades, según fuentes del centro.

Las tensiones también han provocado, hasta la fecha, media docena de despidos improcedentes, entre ellos el director de enfermería, el coordinador de admisión, la coordinadora de enfermería de urgencias o la responsable de administración en consultas externas.

Este periódico también ha podido confirmar que el hospital de Valdemoro incumple, al menos ocasionalmente, los términos en los que Esperanza Aguirre ha vendido las bondades del hospital de Valdemoro, joya de su política de privatización de los recursos sanitarios. La presidenta siempre ha destacado que los enfermos serían atendidos en habitaciones individuales, pero al menos dos días algunos enfermos han sido ingresados en habitaciones con dos camas.

Otro incumplimiento del acuerdo con Sanidad se centra en las hojas de reclamaciones ofrecidas a los pacientes: "Vienen por la sanidad pública y, por lo tanto, las hojas deben ser las oficiales de la Consejería de Sanidad. Pero el centro de entrada sólo da hojas de reclamación de Capio, que se quedan en la empresa, y sólo si se insiste, dan la oficial. Así evitan que todas las quejas lleguen a conocimiento de la Comunidad de Madrid".

Interior del hospital Infanta Elena, en Valdemoro.
Interior del hospital Infanta Elena, en Valdemoro.PAULA VILLAR

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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