"No se pueden dar razones económicas"

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández Gil, rechazó de plano las intenciones de Esperanza Aguirre. En su opinión se compromete el derecho fundamental de acceso a la justicia, reconocidos tanto en la Ley de Extranjería como en la de Justicia Gratuita. "Los ciudadanos tienen derecho a un abogado y no se les puede negar", destacó el decano.

Hernández Gil defendió en todo momento las actuaciones de los abogados de recurrir las expulsiones de los inmigrantes hasta las últimas instancias judiciales, incluidas el Tribunal Constitucional. "No se pueden dar razones de tipo económico para no ejercer la tutela de un derecho fundamental. El abogado tiene que ejercer el derecho de defensa de su cliente por encima de todo", añadió el decano.

El máximo representante de los abogados madrileños tampoco descartó que haya casos individuales de abusos, pero reconoció que deben ser los mínimos entre los 5.000 letrados que ejercen en el turno de oficio.

Hernández Gil recordó que se deben estudiar las circunstancias de cada ciudadano y que no se puede amparar en la falta de recursos para reducir los fondos destinados a la justicia. "Espero que la presidenta matice sus declaraciones, porque bastante de lo que plantea roza la ilegalidad", destacó el decano.