Las reformas del Canal y Caja Madrid impulsan el choque con el alcalde

De un plumazo, el Gobierno de Esperanza Aguirre aprobó ayer a través del anteproyecto de la Ley de Acompañamiento el inicio de las dos reformas legales más controvertidas. Son las que la han llevado al choque frontal con el Ayuntamiento de Madrid, que preside su rival, Alberto Ruiz-Gallardón: la reforma de la ley de cajas y de la creación de una sociedad anónima que, en un futuro, permitirá privatizar el Canal de Isabel II. Una vez más, el Ejecutivo de Aguirre amplía el objeto de la ley, las medidas fiscales y administrativas, para modificar normas sin tener que debatirlas una a una.

La revisión de la ley regional de cajas se produce en pleno enfrentamiento con el alcalde por la apertura de un proceso electoral en Caja Madrid, que pretende mantener a Miguel Blesa en la presidencia, donde lleva 12 años. Los consejeros gallardonistas, unidos a los de los sindicatos y al de IU, apoyan al presidente de la entidad. Los aguirristas quieren desbancarlo.

También la privatización del Canal de Isabel II suscitó el choque entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, cuando Aguirre la anunció en el debate del estado de la región el pasado septiembre. Gallardón mostró después su intención de romper el convenio por el que tiene cedida al Canal la red de saneamiento y alcantarillado, si Aguirre seguía adelante con el proyecto. El convenio contiene una cláusula que permite al alcalde dar por roto el acuerdo si comienza un proceso de privatización. Gallardón aseguró que en ese caso está obligado a romper el convenio y sacar a concurso la gestión del alcantarillado.

"La red por la que pasa el agua es del Canal de Isabel II. Si [el Ayuntamiento] rompe el convenio, tendrá que pagar un canon", respondió el presidente de la empresa, que es el vicepresidente regional, Ignacio González. La novedad de ayer es que el Consejo de Gobierno decidió autorizar al Canal a crear una sociedad anónima que gestione las infraestructuras hidráulicas de la región. González explicó que el Canal mantendrá las concesiones y autorizaciones del dominio público del agua y los derechos de explotación. Después, el 49% de esa empresa saldrá a Bolsa. Con esta medida, el Ejecutivo regional pretende obtener unos 4.000 millones de euros para nuevas infraestructuras de agua que se construirán en los próximos 10 años.

El anteproyecto de ley desató ayer las iras de la oposición. IU anunció ya antes de conocer el texto legal que lo impugnará por la vía contencioso-administrativa y pedirá la suspensión cautelar. "Ha sido un golpe de mano", afirmó la portavoz, Inés Sabanés. "De una tacada se aprueban las medidas más polémicas".

La portavoz de IU criticó que "el PP dedica todos los debates a hablar de Zapatero y, lo importante, lo mete todo en un día". Se refería a que en una sola sesión del pleno de la Asamblea se discutirá el próximo diciembre la Ley de Acompañamiento. Esta norma no exige la tramitación ordinaria en comisión, antes de ir al pleno y, además, permite modificar varias leyes de una sola vez, sin discutirlas una a una. "No vamos a tolerar que año tras año medidas tan relevantes se cuelen por la puerta de atrás, eludiendo los procedimientos y debates debidos. Debería ser un compromiso democrático no utilizar la Ley de Acompañamiento de forma tan torticera".

También lo consideró un abuso la portavoz socialista, Maru Menéndez, aunque ella no tiene previsto llevar la Ley de Acompañamiento a los tribunales y aseguró que, hasta que no conozca el contenido de la ley, no decidirá su posición de voto. "Vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para impedir la privatización del Canal", agregó. Menéndez también recordó que los ayuntamientos socialistas advirtieron ya de su intención de romper los convenios de cesión de sus infraestructuras en caso de privatización.