Un tribunal anula las cuentas de Majadahonda por argucias contables

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Majadahonda de 28 de enero de 2003, en el que se aprobaron los presupuestos generales para dicho ejercicio. En el documento se especifica que el Consistorio financió gastos ajenos a los previstos por la ley con los ingresos que se obtuvieron con la venta de patrimonio municipal. La sentencia, que puede ser recurrida, llega tras una denuncia interpuesta por el grupo municipal socialista en la oposición.

No es la primera vez que Majadahonda se enfrenta a una sentencia semejante. El TSJM también anuló los presupuestos de 2001 y 2002 por la misma causa. Manolo Fort, viceportavoz del PSOE, sostiene que los ingresos obtenidos con la enajenación de patrimonio público no se pueden destinar a la financiación de cualquier actuación con la excusa de que tiene un fin social.

"Si se venden bienes públicos, el dinero se dirige a unos fines concretos como la compra de suelo o patrimonio para el municipio. También se pueden emplear en edificar vivienda social o infraestructuras. Pero aquí no somos capaces de sobrevivir sin pagar inversiones corrientes con la venta de suelo", apostilla.

El Tribunal les ha dado la razón. La venta de las parcelas Guadarrama 1 y los aprovechamientos derivados de los convenios urbanísticos I+D Carril del Tejar, Salto del Sil y Los Negrillos reportaron al Ayuntamiento 15.956.401 euros. Con este importe se pagaron los trabajos previos a la revisión del plan general, 200 globos de faroles, 100 unidades de tapas de alcantarillado, aires acondicionados de varios edificios municipales, la reparación de instalaciones, conservación de jardines o vías públicas, entre otras actuaciones.

Fort señala que la sentencia considera que estos trabajos son "meras reparaciones y actuaciones de mantenimiento, que no pueden encuadrarse en el concepto de implantación o ampliación de los servicios públicos existentes".

El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, del PP, recuerda que en 2003 él no ocupaba el sillón consistorial. En esa época el alcalde era Guillermo Ortega, que presentó su dimisión el 3 de febrero de 2005 para zanjar la crisis política que atenazaba en ese momento al PP majariego.

"En el primer presupuesto del que yo fui responsable, el de 2005, se cambió la forma de elaboración y se ajustó a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid", asegura De Foxá. Como prueba de las buenas prácticas municipales, el regidor esgrime el hecho de que los socialistas no hayan vuelto a impugnar el presupuesto desde que él llegó a la alcaldía.

En cuanto a las consecuencias de la sentencia del tribunal, Fort declara que existen formas de hacer que se cumpla. "Se tendría que reintegrar el dinero y utilizarlo para los fines legales. Pero, claro, estamos en 2007 hablando del presupuesto de 2003, que ya está ejecutado. Las sentencias deberían llegar con mayor rapidez", concluye.