"Son los vecinos los que soportan las situaciones ilegales de los locales"

Las asociaciones de vecinos se han hecho oír en el caso Guateque, la mayor trama de corrupción municipal de la democracia con siete imputados por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la tramitación de las licencias, entre ellos tres funcionarios del área de Medio Ambiente: "Se han dejado el gallinero abierto demasiado tiempo y se les ha colado la zorra", decía ayer José Carlos Nicolau Corbacho, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de Justicia. La responsable de Urbanismo, Pilar Martínez, se lo puso en bandeja el 28 de noviembre. Porque, en el pleno extraordinario sobre el caso, se preguntó dónde estaban los vecinos si había tantos problemas.

Un ex edil de Centro: "La ordenanza municipal es disparatada"

El presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Nacho Murgui, se presentaba ayer a las 11.30, carpeta en mano, en el juzgado número 32 que lleva el caso Guateque. Llevaba hasta seis denuncias de siete distritos diferentes de la capital (Chamberí, Centro, Hortaleza, Fuencarral, Moncloa-Aravaca, Arganzuela y Villaverde) realizadas al Ayuntamiento desde 2004 hasta 2007. "Son las más significativas, pero llevamos denunciando desde 1998", añadió. Algunas de ellas hacen referencia hasta a 185 locales diferentes que ejercen su actividad sin el distintivo de actividad, o que no presentan seguro de responsabilidad civil o que incumplen los horarios de cierre, doblan los límites de ruido, incumplen la normativa de seguridad o, directamente, funcionan sin licencia.

El objetivo de tanto papel es demostrar que las asociaciones de vecinos han venido denunciando durante años a los responsables de la Administración local las irregularidades de los locales. Y subrayar que "son los vecinos los que soportan estas situaciones ilegales", dijo Corbacho. El presidente de la federación aseguró también que ésas "y otras denuncias" nunca han tenido respuesta del Ayuntamiento. "Ha habido por parte de los representantes políticos municipales una dejación de sus responsabilidades en la función de control y gestión de la concesión de licencias", dijo.

La mayor parte de las denuncias presentadas ayer van dirigidas a Luis Asúa, ex concejal de Centro, distrito en el que se concentran dos tercios de los locales de ocio de la capital. "Nosotros hemos actuado implacablemente contra los locales que molestaban", aseguraba ayer Asúa. "Es cierto que la ordenanza municipal es bastante disparatada porque ha dado lugar a que calles como San Vicente Ferrer, en Malasaña, estén llenas de bares de copas y discotecas, consolidadas con licencias que nos impiden hacer nada", explicaba. "Precintar un local nos lleva entre tres y seis meses". añade.

FRAVM ha empezado a recopilar las denuncias presentadas por asociaciones de vecinos de todos los distritos para "colaborar en el esclarecimiento y alcance de los hechos denunciados" y en la voluntad de "que se depuren responsabilidades". Desde la federación manifestaron claramente que el movimiento vecinal se opone a la privatización del servicio de concesión de licencias que sugirió el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, inicialmente para acabar con el atasco que demora el proceso a casi dos años. Los vecinos temen que se utilice la corrupción de tres funcionarios de la Administración local para desacreditar a toda la función pública. Por eso reclaman, por el contrario, un aumento de los recursos humanos, económicos y técnicos que hagan ese servicio "diligente, ágil y transparente, porque la privatización de un servicio debilita su control por parte de la Administración".