Uno de los vigilantes grabados en los vídeos trabajó hasta ayer

Ni denuncias en su momento ni despidos a tiempo. La empresa de seguridad Prosegur, cuyos trabajadores aparecen en tres de los cuatro vídeos con agresiones a usuarios del metro de Madrid difundidos por EL PAÍS, no despidió hasta ayer por la mañana a uno de los supuestos implicados. Así lo confirmó una portavoz de la empresa un día después de que Metro asegurara que Prosegur le había comunicado "oficialmente" en octubre que los vigilantes fueron despedidos antes de que les llegaran las imágenes de forma anónima en octubre.

También llegan tarde las explicaciones de los responsables públicos. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, admitió ayer que Metro (que pertenece al Consorcio Regional de Transportes, integrado por Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, entre otros organismos) debería haber presentado una denuncia en los juzgados cuando conoció los vídeos. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, se limitó a condenar los hechos y a pedir "una investigación judicial si esas agresiones vulneran derechos fundamentales".

Los implicados en los vídeos que han sido identificados y despedidos -seis, según Prosegur; Metro no ofrece cifras- siguen habilitados para ser vigilantes.

El permiso que concede el Ministerio del Interior, la llamada tarjeta de identificación profesional, sólo se pierde cuando se comete una falta muy grave, como un delito por el que haya una condena firme, algo que no ocurre en ninguno de los casos, ya que la primera denuncia no se tramitó hasta el miércoles. Cualquiera de los trabajadores que se grabaron en el metro mientras golpeaban, insultaban y gritaban a algunos usuarios pueden pedir trabajo en una empresa de seguridad sin impedimentos para que ejerzan sus funciones.