Acoso real
Bastantes asuntos políticos deben solventarse en marzo como para que, además, el papel de la Monarquía se convierta en innecesaria, extemporánea y peligrosa materia de confrontación electoral. Los incidentes relacionados con el Rey y su entorno familiar se han multiplicado desde que la justicia decidió secuestrar la revista satírica El Jueves, haciendo intervenir una instancia penal que, ayer mismo, volvió a activar la fiscalía al solicitar un castigo de prisión para los jóvenes de Girona que quemaron fotografías del Monarca. Se trata de un grave error que, lejos de proteger a una de las instituciones que más ha contribuido al advenimiento y consolidación del régimen democrático en España, la deja a merced de una estrategia de acción y reacción que sólo favorece a las minorías extremistas, desde los independentistas hasta la ultraderecha. No se puede pasar por alto que esta tormenta tan artificial como insensata ha producido extraños compañeros de viaje: la radio de los obispos no está pidiendo algo muy distinto de lo que reclaman las algaradas independentistas.
No es cierto que en España se haya abierto un debate sobre la forma de Gobierno aplazado desde los inicios de la transición; lo que sucede es que una exigua y heterogénea minoría ha vuelto a hacer lo que ha venido haciendo desde hace 30 años, aunque sin los efectos desestabilizadores que ahora están facilitando los errores cometidos al combatirla. Hoy como ayer, esa minoría está cuestionando no la Monarquía, sino el sistema institucional que ha garantizado tres décadas de libertades, y del que la Monarquía parlamentaria forma parte. La peor respuesta que cabría imaginar desde los partidos parlamentarios es convertir este desafío perpetrado por fuerzas marginales en el centro de la confrontación política, y franquearle el paso al interior de las instituciones. No se trata de intentar demostrar quién es el más enérgico defensor de la Monarquía, sino de establecer una estrategia compartida en defensa del sistema constitucional. El Partido Popular se está dejando arrastrar por la tentación de abrir un nuevo flanco al Gobierno presentándose como el único garante de la institución monárquica, al igual que hizo con la Constitución en el pasado. Sería un grave error jugar con la Monarquía para sacar ventajas electorales y una ironía todavía mayor que fueran monárquicos quienes lo hicieran. Pero sería combatir error con error que el Ejecutivo se precipitase a ese terreno para contrarrestar los embates electoralistas del PP.
La ensoñación republicana que parece adueñarse de algunos sectores que hasta ahora habían aceptado el modelo establecido en la Constitución de 1978 consiste en creer que se puede prescindir quirúrgicamente de la Monarquía y mantener las libertades. Prescindir de la Monarquía sería prescindir del pacto en el que se fundan esas libertades. Es más que dudoso que, en las actuales circunstancias, ningún otro pacto fuera posible.
