Acuerdo con retraso

El acuerdo firmado ayer entre el ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, con las cúpulas de los sindicatos UGTy CC OO pondrá fin probablemente a la huelga de los funcionarios de Justicia en las siete comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias de este servicio público esencial, una vez que las bases sean consultadas, pero suscita muchas preguntas y alguna perplejidad a los ciudadanos que han soportado con paciencia dos meses de desbarajuste judicial. La principal es saber por qué el ministro Fernández Bermejo no se comprometió antes en las conversaciones, a la vista de la espectacular aceleración en las negociaciones que ha catalizado su presencia en la mesa, de forma que en 48 horas se han esfumado los desacuerdos. Parece que las penurias judiciales de los españoles carecen de valor y que no se han tenido en consideración. Pleitos diferidos, matrimonios aplazados o no inscritos, nacimientos sin registrar o trámites engorrosos inconclusos son el precio que han tenido que pagar los contribuyentes por diferencias que podían haberse resuelto con más rapidez.

La cuestión central es que al final el Ministerio de Justicia ha aceptado casi todo el grueso de las peticiones sindicales. Concederá una subida salarial de 190 euros al mes -los funcionarios pedían 200- a la que se llegará por tramos a mediados de 2009. A la vista de la orden perentoria del presidente del Gobierno al ministro de Justicia da la impresión, que el propio Fernández Bermejo no ha desmentido hasta ahora, de que el ministerio se enrocó en posiciones hostiles a la negociación, prestó poca atención al conflicto primero, se enzarzó después en amenazas innecesarias, y terminó entrando en un goteo de concesiones que han acabado en esos 190 euros. Una torpeza tras otra, en definitiva.

Aunque hay que felicitarse por el final de la pesadilla administrativa, queda la duda sobre cómo va a recuperarse el trabajo acumulado hasta resolver todos los expedientes retrasados por los dos meses de paro. Para los ciudadanos será otra prueba de paciencia que probablemente se demorará meses. El acuerdo prevé tres meses de trabajo intensivo, prorrogable a otros tres, pero quizá sean más, porque a la proverbial lentitud de la justicia se unirá la pesada digestión de las decenas de miles de actos judiciales amontonados durante la huelga.

La subida salarial acordada debería implicar en justa contrapartida una mejora en la calidad de los servicios que presta la Administración de justicia. Uno de los puntos del acuerdo recoge el compromiso de los funcionarios de mejorar sus prestaciones, conocimientos y rentabilidad en el trabajo. Pero lo esencial es que esas mejoras comprometidas puedan verificarse objetivamente, que los trámites se agilicen y que la Administración de justicia deje de ser un mundo laberíntico plagado de filas interminables.