Agentes forestales y corrupción municipal

Los pelotazos urbanísticos, la construcción ilegal en los montes, el expolio del medio natural, son y serán temas de actualidad en la próxima campaña electoral.

Se aportarán las correspondientes promesas electorales redentoras, después de las pertinentes acusaciones de "y tú más", a las que los políticos nos tienen acostumbrados.

Lo que nunca será tema de debate, porque no interesa políticamente, es por qué los responsables de las consejerías con competencias sobre la materia establecen criterios de oportunidad y no de legalidad para ejercer las potestades de coacción administrativa; por qué ese interés en anular los controles administrativos, creados con una finalidad disuasoria, para que no sean plenamente operativos; qué motivación lleva a consejeros y directores generales a establecer un funcionamiento para los funcionarios públicos, con misiones de policía, vigilancia e inspección del medio ambiente, basado en que éstos hagan la vista gorda en determinadas ocasiones.

Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid llevamos ya bastante tiempo denunciando que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio no nos deja trabajar. No nos reconoce nuestra condición de Policía Administrativa Especial en materia medioambiental, aun cuando lo marca la Ley 1/2002 de Creación del Cuerpo de Agentes Forestales, para minimizar o anular el ejercicio de coacción administrativa; tampoco nos reconoce la condición de Policía Judicial Genérica, establecida en la Ley 10/2006 de Montes, para que no podamos investigar adecuada y convenientemente los ilícitos penales sobre Medio Ambiente, a la vez que se nos niega la elaboración de protocolos profesionales, para que no sea eficaz el servicio prestado.

Se nos prohíbe remitir las denuncias por posibles ilícitos penales a los juzgados, por lo que produce la paralización en instancias administrativas de este tipo de denuncias que en raras ocasiones llegan, según prescribe la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al juzgado correspondiente.

El asunto no es que los agentes forestales no denunciemos, de lo que se trata es que el comisario político de turno discrimine previamente qué denuncias se tramitarán y cuáles no, con la finalidad de que no salten a la actualidad casos de corrupción ligados a ediles y personajes públicos relevantes del propio partido político.