Alivios provisionales

Mariano Rajoy rompió esta semana un silencio de dos meses sobre los casos de corrupción que afectan al Partido Popular. Poco después, el Tribunal Supremo decidió citar como "imputados provisionales" al tesorero Luis Bárcenas y al diputado Jesús Merino. Esta fórmula permitirá a ambos comparecer ante el alto tribunal sin que se haya solicitado el correspondiente suplicatorio. Pero parece difícil que no sea ése el próximo paso, poniendo fin al alivio que el PP asegura haber experimentado ante esta nueva resolución judicial.

En su reaparición, Rajoy tuvo la precaución de poner un énfasis menor en defender a Bárcenas de las acusaciones por las que éste prestará declaración el próximo día 25, que en desmentir que estuviera sometiéndolo a chantaje. Pero siguió ofreciéndole su respaldo y despachó el asunto como si el órdago de Bárcenas a la dirección del PP fuera una especulación sin fundamento. Conviene recordar que es el propio Bárcenas quien va contando estar en posesión de nueve cajas de documentos comprometedores. Rajoy, por su parte, aseguró no estar al corriente, pero tampoco mostró especial disposición para recabar información ni ordenar una investigación sobre si Bárcenas dijo o no la verdad. Ni siquiera lo negó: "No me consta", se limitó a aducir.

Coincidiendo con las declaraciones de Rajoy, el PP ha lanzado una nueva estrategia para enfrentarse a sus problemas con la justicia. El procedimiento elegido ha sido intentar abrir un frente judicial al PSOE, reactivando una querella por prevaricación contra el vicepresidente Chaves y exigiendo que el fiscal investigue las denuncias contra el ex director del CNI Alberto Saiz. Es un camino doblemente equivocado. Primero, porque no evitará al PP asumir sus responsabilidades por el caso Gürtel. Pero, en segundo lugar, porque lo que se sustancia en el Supremo y en los tribunales superiores de Madrid y Valencia no es una simple cuestión de imagen para la que tanto valdrían las informaciones periodísticas sobre la presentación de una querella como las resoluciones judiciales que van cerrando el círculo sobre algunos de los más destacados dirigentes populares.

Los tribunales que se han hecho cargo del sumario que comenzó a instruir la Audiencia Nacional se traen algo diferente y muy preciso entre manos: esclarecer la extensión y las responsabilidades penales de una trama de corrupción crecida al amparo de instituciones municipales y autonómicas gobernadas por el PP, que afecta a algunos de sus altos cargos y que, eventualmente, podría dejar al descubierto operaciones de financiación ilegal vinculadas con las empresas de Francisco Correa y Álvaro Pérez, ambos en prisión.

El mensaje político que Rajoy transmite con su inacción es que la condición de imputado, provisional o no, es compatible con la de parlamentario y con la de presidente de un Gobierno autonómico. Lejos de asumir como un deber la salvaguarda de las instituciones, Rajoy parece decidido a utilizarlas para proteger a los suyos.