Alquileres forzosos
El proyecto de ley del derecho a la vivienda que acaba de aprobar el Gobierno catalán ya fue enviado al Parlamento de la Generalitat por el anterior tripartito en marzo, pero decayó al convocarse elecciones antes de culminar su tramitación. Los problemas a los que trata de dar respuesta son ahora los mismos que entonces, pero entretanto han pasado a primer plano por el eco mediático de las movilizaciones en favor de una vivienda asequible y los incidentes protagonizados por el movimiento okupa respecto a los pisos vacíos.
El proyecto aborda cuestiones como la vivienda protegida, los pisos infra y suprautilizados, la potenciación del mercado de alquiler y otros, en sintonía con las legislaciones existentes en otros países europeos. También plantea la cuestión de los pisos vacíos, al parecer unos 30.000 tan sólo en Barcelona. El aspecto más polémico es la posibilidad de expropiar temporalmente las viviendas desocupadas durante más de dos años para, con ciertas garantías, ponerlas en el mercado de alquiler.
La Generalitat pretende curarse en salud asegurando que ese "alquiler forzoso" sólo se haría efectivo si fracasan los intentos de la Administración para convencer al propietario de que voluntariamente alquile su vivienda, para lo que se le ofrecen una serie de garantías e incluso la posibilidad de rehabilitarla antes de sacarla al mercado. Pero no son las buenas intenciones del legislador las que están en cuestión, sino el fondo del proyecto: que la expropiación no es un instrumento adecuado para regular el mercado de la vivienda. Suspende la posesión de la propiedad, aunque sea temporalmente, con lo que genera un conflicto legal y de inseguridad jurídica; probablemente generará movimientos indeseados entre los propietarios para encubrir o justificar su propiedad vacía, y no se conseguirá estimular el mercado, sino retraerlo. Es un caldo de cultivo de corruptelas e irregularidades.
No es una buena señal que el Gobierno de Montilla inaugure su legislatura con una ley tan intervencionista. Muchos pequeños ahorradores han invertido en un segundo piso, que a veces, con más frecuencia de lo que sería de desear, está alquilado pero no declarado, y que ahora podría ser objeto de una actitud expropiatoria, aunque sea temporal. Además, la gestión de estas expropiaciones temporales para su alquiler significará una pesada carga burocrática y un gasto innecesarios. Y todo por un prurito intervencionista que considera la acción burocrática y arbitrista del Gobierno como el bálsamo que todo puede curarlo, en vez de actuar en el único terreno legítimo que es la acción fiscal que penalice el mantenimiento de las viviendas vacías y estimule la declaración de los ingresos del alquiler a la Hacienda pública.
