Argentina juzgará

La aplicación del principio de la jurisdicción universal para la persecución de crímenes contra la humanidad y de genocidio, por parte de países que -como España- lo tienen reconocido en su legislación, puede fomentar procesos muy positivos, y los tenemos recientes en la memoria. Pero también generar efectos negativos, roces y contratiempos diplomáticos que la hagan contraproducente. Desde esta convicción y utilizando criterios establecidos también en las bases fundacionales del Tribunal Penal Internacional (TPI), la Audiencia Nacional, en un auto hecho público ayer, se ha declarado no competente en el juicio contra el argentino Ricardo Miguel Cavallo, acusado de diversos y gravísimos delitos de lesa humanidad durante la dictadura argentina, entre 1976 y 1983.

Tiene sentido, como subraya el TPI, que los crímenes de este tipo sean perseguidos, investigados y juzgados con preferencia por los tribunales del país donde se produjeron y cuya ciudadanía ostentaran las víctimas. Este principio de territorialidad da prioridad a los tribunales argentinos, que ya tienen abiertas causas contra el ex militar, encarcelado en España desde 2003, y concede a aquel país un plazo de 40 días para solicitar la extradición del presunto criminal, que a su vez fue enviado desde México a Madrid en virtud de la citada jurisdicción universal.

Con algunas excepciones, puede asegurarse hoy que la mayoría de los Estados latinoamericanos están en condiciones de reclamar a los criminales fugitivos con la solvencia, voluntad y los recursos necesarios para juzgarlos según las reglas del Estado de derecho, equiparables a las de aquellos países europeos en los que intentaron huir de la justicia. La jurisdicción argentina tiene, como señala la Audiencia Nacional, la "absoluta prioridad siempre y cuando se ejercite de manera eficaz". Argentina ya puede hacerlo, como también Chile y otros países en los que durante un tiempo quienes querían justicia habían de buscarla allende sus fronteras.

La jurisdicción internacional es compleja y lleva a serias contradicciones, porque todo el mundo es consciente de que el principio de la igualdad ante la ley queda hecho añicos si la Audiencia Nacional se lanza desde Madrid a la persecución de crímenes en remotos rincones del globo. Lo que muchos calificaron como "voluntarismo español" en esta persecución del genocidio y la tortura puede seguir teniendo sentido en alguna ocasión. Pero no en el caso de Argentina. Por eso no debiera haber problema alguno para que Cavallo sea juzgado y, en su caso, condenado allá donde cometió presuntamente sus crímenes.