Argumentos del debate

Socialistas y populares tienen visiones diferentes sobre política antiterrorista, reformas autonómicas o inmigración, entre otros muchos temas; pero para saber si también tienen respuestas diferentes para esos problemas habrá que esperar al debate del próximo lunes. El de hace dos días quiso ser más bien de balance de la legislatura, lo que es lógico; pero reveló una cierta tendencia a sustituir los argumentos por los enunciados: hay tomas de posición, pero no siempre razones para justificarlas.

Rajoy marcó desde su inicio el tono que quería dar a la discusión: reprochó al presidente haberse ocupado de cosas que no interesan a la gente, como la negociación con ETA, y no de lo que interesa, como el precio de la leche; cuando coincide que la principal censura del Gobierno a la oposición es precisamente haberse desentendido de todo lo que no sea esa cuestión, deliberadamente elegida como terreno preferente de enfrentamiento con el Gobierno. La única conclusión que los ciudadanos pudieron sacar del intercambio de reproches fue que el asunto terrorista debe abordarse, con o sin final dialogado, desde el entendimiento entre los dos grandes partidos. Pero cada uno de ellos acusa al otro de haberlo roto o impedido, por lo que el debate fue más ruidoso que esclarecedor.

Rajoy repitió algunas de las frases ofensivas para Zapatero (como la de la "agresión" a las víctimas) que más entusiasmo suscitan en los mítines del PP, ignorando que su público era más diferenciado en esta ocasión. Tal vez fue un indicio de que su intención no era convencer sino alimentar la fe de los que ya lo estaban. Zapatero, por su parte, prefirió recordar actuaciones anteriores del PP en la materia a defender su propia política antiterrorista. Todo el mundo habría entendido, por ejemplo, una explicación de por qué ha aplicado diferente dosis de dureza a ETA y su entorno con tregua que sin ella.

Para Rajoy, muchos problemas de esta legislatura tienen su origen en el deliberado intento de su rival de marginar al PP para favorecer su pacto con aliados nacionalistas. Por ejemplo, el nuevo Estatuto catalán, sobre el que los socialistas no aceptaron ninguna enmienda popular a su paso por las Cortes. Fue el punto en que Rajoy resultó más convincente, beneficiándose de que Zapatero olvidara mencionar el mayor ridículo del PP durante la legislatura: la iniciativa de recogida de firmas para promover un referéndum (que habría sido ilegal) sobre ese Estatuto en toda España.

En materia de inmigración los discursos también se cruzaron sin tocarse. Rajoy invocó las cifras de los permisos de trabajo concedidos durante la legislatura, en aparente contradicción con su propio argumento: la multiplicación de los permisos traduce un incremento del empleo de trabajadores extranjeros en condiciones de legalidad, algo que no puede exhibirse como un peligro sino como un éxito de la política de inmigración.

Pero su discurso ideológico iba por otro lado: el de considerar que los derechos reconocidos a los extranjeros que residen y trabajan legalmente suponen una merma de los derechos de los españoles. En otros países europeos es el argumento que acompaña al auge de movimientos xenófobos. Especialmente si además se vincula inmigración y delincuencia, como pareció hacer Rajoy al referirse a los porcentajes de población reclusa extranjera: algo que obedece a causas sociales, no de origen, según estudios solventes. Zapatero defendió sus regularizaciones como más rigurosas que las del PP, para las que, dijo, bastaba presentar un bonobús; pero no estuvo ágil en las réplicas, hasta el punto de parecer que rehusaba el debate de fondo sobre la peligrosa deriva del PP en este terreno.