Aromas de corrupción
Convergència debe dar explicaciones sobre su relación con los dineros del 'caso Palau'
Hace poco más de un año, el 23 de julio de 2009, los Mossos d'Esquadra irrumpían en el Palau de la Música de Barcelona. Desde cierto nacionalismo se criticó una operación que fue tomada por profanación del templo del catalanismo. Hubo conatos de resucitar el fantasma del victimismo ("nos persiguen"), tan arraigado en ese mundo. Un año después se ha conocido que Fèlix Millet y Jordi Montull, los saqueadores confesos del Palau, han hecho desaparecer más de 35 millones de euros. Ayer la investigación dio un paso más con el informe de la Agencia Tributaria, ordenado por el juez, que recoge indicios de que casi seis millones de euros habrían ido a parar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Jordi Pujol y Artur Mas.
La constructora Ferrovial destinaba al Palau el 4% del total del valor de obra pública que le había sido adjudicada durante los años de Gobiernos de Pujol. Según Hacienda, Millet se quedaba entre un 0,5% y un 1,5% y el resto iba, supuestamente, a financiar al partido nacionalista. Al aplicar el método alemán de pago, que permite el aplazamiento durante años, CDC se habría proporcionado combustible suficiente para transitar sin estrecheces por la oposición durante los años de Gobierno tripartito.
La reacción de CDC ante las nuevas evidencias ha sido como la del PP en el caso Gürtel: negarlo todo y recurrir al argumento de la caza de brujas. Se trata de una extraña persecución, pues la comisión parlamentaria que ha investigado el caso ha concitado la unanimidad de los partidos, desde Esquerra Republicana hasta el PP, pasando por el PSC, Iniciativa o Ciutadans a la hora de poner en manos de la fiscalía unos indicios que apuntan a la financiación ilegal de dicho partido.
La actual dirección del partido es la misma, a excepción de Jordi Pujol, que en su día desde el Gobierno adjudicó las obras en cuestión. Con más razón debe asumir responsabilidades. Cataluña no puede permitirse que quien, según los sondeos, la gobernará próximamente desprenda algo más que aromas de corrupción. Artur Mas debe dar de una vez explicaciones convincentes.
Cuando el tripartito llegó al poder en 2003 realizó una auditoría de gestión, pero evitó incluir en ella la obra pública licitada por el anterior Gobierno. Bajo el paraguas de una supuesta lealtad institucional se permitió así sustraer durante años al conocimiento de la opinión pública un escándalo mayúsculo.
