Audiencia y Supremo

Los autos del juez Garzón y de la Sala Especial del Tribunal Supremo sobre las medidas cautelares solicitadas en relación a los partidos ANV y PCTV, sospechosos de vinculación con la ilegal Batasuna, coinciden en lo esencial y divergen en lo accesorio; pero ambas resoluciones son coherentes con la naturaleza de los procedimientos de que forman parte.

Coinciden en prohibir a ANV presentarse a las elecciones; además, suspenden las subvenciones públicas que las dos formaciones venían recibiendo. La divergencia es que Garzón les suspende toda actividad, mientras que el Supremo rechaza hacerlo, pese a figurar en las demandas del Gobierno y de la fiscalía.

Garzón tiene abierto un sumario en el que están imputados 17 dirigentes de los partidos ANV y PCTV por el supuesto delito de haberlos puesto al servicio de Batasuna como parte del entramado que encabeza ETA. El juez adopta una serie de medidas cautelares tendentes a impedir que esos dirigentes sigan utilizando sus formaciones para fines ilícitos. No está en cuestión su ilegalización, sino presuntos delitos de personas concretas.

Por el contrario, la Sala Especial del Supremo ha recibido el encargo de dilucidar si hay motivos, de acuerdo con la Ley de Partidos, para ilegalizar al PCTV y ANV. Decidir ahora la suspensión de actividades de esas formaciones supondría aplicar como medida cautelar lo que sería en su caso el resultado de un proceso apenas iniciado: sólo existe la demanda de hacerlo y la documentación remitida a efectos de prueba.

La sala ha estimado justo, sin embargo, impedir preventivamente la participación electoral de ANV: porque si no lo hiciera y dentro de algunos meses se decidiera la ilegalización, no habría forma de hacer renunciar a sus escaños a los candidatos elegidos. Al optar por esa solución, la sala asume el riesgo de que se prohíba ahora la participación y en su momento se decida no ilegalizar. Se deduce que, a la vista de la documentación (incluyendo las cuentas conjuntas con Batasuna), considera poco probable que esto último ocurra, y por eso también asume el riesgo (reparable) de suprimir las subvenciones hasta que haya resolución.

Pero que no avale el resto de medidas cautelares solicitadas no significa que las decididas por el juez Garzón queden en suspenso: hay una serie de medidas respaldadas en ambos procedimientos y otras sólo en uno de ellos, pero todas son de obligado cumplimiento. Incluyendo la prohibición de manifestaciones como la convocada ayer en Bilbao, y cuyo violento desenlace puso nuevamente en evidencia la pretensión de ese mundo de que la ley obliga a todos menos a ellos.

No ya ANV sino directamente Batasuna pudo haber recobrado la legalidad sin otro requisito que acatar la ley que obliga a renunciar a la violencia. Despreció esa oportunidad, eligiendo la protección de ETA antes que la de la legalidad. Ahora paga las consecuencias.