Banesto encara su subasta
TRES MESES después de que el Banco de España decidiera la sustitución del Consejo de Administración del Banco Español de Crédito (Banesto) ha tenido lugar la junta general de la entidad, con la natural inquietud que cabía esperar entre los accionistas. Todas las decisiones que se han adoptado desde el pasado 28 de diciembre no han podido contar con el concurso de los más de 300.000 accionistas del banco. Un consejo provisional nombrado por el Banco de España ha sido el encargado de gobernar la entidad, que, tras los acuerdos adoptados ayer, inicia la fase más importante de su normalización: aplicar el plan de saneamiento diseñado para cubrir un desfase patrimonial de 605.000 millones de pesetas (que excede en 245.000 millones al conjunto de los recursos propios del banco) e iniciar las vías para la reconstitución de su base de capital.La amplia delegación de voto de que ha dispuesto el consejo nombrado por el Banco de España -incluida la de algunos antiguos consejeros de Banesto y la derivada de J. P. Morgan, a la sazón ex asesor y antiguo miembro del Consejo de Administración de este banco- ha puesto fin a la situación de interinidad de estos tres últimos meses. Tras la aprobación de la reducción del capital social en 48.000 millones de pesetas y la aportación por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de 285.000 millones de pesetas, procedentes del Banco de España y de la banca privada, se llevará a cabo una ampliación por valor de 180.000 millones de pesetas, equivalente al 73% del capital de Banesto, que suscribirá íntegramente el FGD. Previamente ha sido necesario que los accionistas renuncien a ejercer su derecho preferente a suscribir las nuevas acciones.
La junta general de accionistas también ha respaldado la propuesta del Consejo de Administración de llevar a cabo el procedimiento civil denominado "acción social de responsabilidad", dirigido contra los anteriores gestores del banco. Se trata de la primera ocasión en que se aplica esa acción, prevista en la Ley de Sociedades Anónimas. Los motivos que la fundamentan son las actuaciones que hayan podido ocasionar quebrantos a los intereses de los accionistas. Si necesario y urgente es exigir las responsabilidades que procedan a los antiguos gestores, no lo es menos que exista una absoluta transparencia en las sucesivas fases de la gestión y la resolución de la crisis.
A partir de ahora, el FGD definirá las condiciones en que deberán adjudicarse, el próximo día 9 de mayo, las acciones de Banesto suscritas en la ampliación de capital. Es, sin duda, la fase más importante de la gestión de la crisis, por lo que es obligado que se extremen la transparencia y la objetividad: la recuperación de los recursos aportados por los contribuyentes a través del Banco de España y la adjudicación de las acciones del FGD a una o varias entidades bancarias españolas. De lo primero depende que se elimine esa fundada sensación, ampliamente extendida entre los ciudadanos, de que los errores y las actuaciones ilegales de los banqueros siempre acaba pagándolos el erario público; es decir, el contribuyente.
Ninguna duda cabe de que el Banco de España se juega su credibilidad en la correcta adjudicación de Banesto. El equilibrio entre la realización de una buena venta y la preservación de la estabilidad del sistema bancario resultante constituye, sin duda, el objetivo estratégico de este proceso. La intervención de Banesto ha sido el episodio más destacable de la historia del sistema bancario español, tanto por la singularidad de su procedimiento como por la alteración que supondrá en la estructura y en la dinámica competitiva del sistema en su conjunto. Esa singularidad también debería ser memorable por la actuación, libre de toda sospecha, de las autoridades.
