Bancos con principios éticos
Don Francisco González, presidente del BBVA, declara en EL PAÍS (17-3-2007) percibir entre salario, plan de pensiones y alguna que otra minucia colateral, unos 19,73 millones de euros al año (3.275 millones de pesetas), 275 millones de pesetas al mes y unos 9 millones al día. Si partimos de un sueldo medio para el ciudadano español de 175.000 pesetas por mes y 5.835 al día, que ya es partir, el sueldo del presidente sería unas 155 veces mayor: frente a las 5.835 pesetas diarias del ciudadano, los 9 millones diarios suyos.
El presidente nos dice que el BBVA, amén de "tener un músculo financiero muy fuerte", él y sus socios se atienen a la legalidad y, como nota que los diferencia, presenta la de los "principios éticos".
Me he quedado, más que perplejo, chafado. El presidente asegura que lo dicho es legal. En mis conocimientos de ética, sé que lo legal trata de coincidir con lo ético, porque toda ley en principio contiene algo de verdad, de justicia, de otros valores y, por eso, es obedecible. Pero, puede haber cosas legales o establecidas como tales que no tengan más fundamento que la arbitraria e interesada voluntad de quienes las establecen.
Me permito, entonces, preguntar por la legalidad de esa práctica. Cualquier principiante sabe que la fuente de la moral -lo que es bueno o lo que es malo- no depende de la voluntad de nadie (despotismo), sino del respeto a los valores y derechos de la "realidad" (de las personas y de la comunidad) que es anterior a toda voluntad.
Por otra parte, el presidente debiera explicar cómo logra compaginar sus 9 millones diarios con el honor de afirmar que su nota diferenciadora son los principios éticos. En el mundo de la economía, algunos principios éticos son: no apropiarse del capital ajeno, dar a cada uno lo que es suyo, justo reparto, beneficios justamente proporcionados para todos, etcétera. El sistema, nos dirá a lo mejor el señor González, es así. Que es así, no cabe duda. Que la gente lo admita, mentira. La gente no quiere que le roben el dinero para engrosar sueldos como ésos. El Estado en una sociedad democrática debiera controlar esas fortunas acumuladas "legalmente" y, en todo caso, con la solidaridad ética, que a todos se nos exige, recabar los indebidos beneficios apropiados para cubrir las necesidades básicas de tanta gente necesitada.
