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EDITORIAL

Bandas y racismo

23/01/2007

 
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Los enfrentamientos entre grupos de jóvenes, españoles por un lado y latinoamericanos por otro, producidos estos días en Alcorcón, cerca de Madrid, y que se saldaron con varios heridos, uno muy grave, han de considerarse un síntoma muy serio de realidades sociales que no deberían ser subestimadas por nadie, empezando por las autoridades. Independientemente de la naturaleza de la chispa que encendió la hoguera, lo cierto es que el fuego alcanzó proporciones alarmantes, con un componente xenófobo que no puede ser ignorado.

Esa localidad de 160.000 habitantes ha vivido en los últimos meses diferentes episodios de violencia protagonizada por bandas latinas. Se trata de un fenómeno muy extendido en los suburbios de algunas urbes latinoamericanas, en los que, frente a la impotencia de las instituciones, reina la ley del barrio impuesta por bandas juveniles. Probablemente, es la concentración de población inmigrante en la periferia de Madrid, en ocasiones con estructuras próximas al gueto, lo que está propiciando el traslado mimético de ese tipo de comportamientos.

Estos comportamientos indican que algo está fallando en las políticas de integración de los inmigrantes, y en particular de los adolescentes, en las estructuras sociales (escuela, deporte y ocio) y en las pautas culturales que fundan la convivencia. Cuanto menor es la capacidad de integración, mayor es el atractivo de esas bandas sobre unos jóvenes ansiosos de identidad y de líderes. De entrada, hay que cortar las prácticas delictivas con los procedimientos propios de cualquier país civilizado: una acción policial severa pero proporcionada en defensa de los ciudadanos que se encuentran sometidos a abusos de hecho, como impedirles acceder a determinadas actividades o lugares que las bandas controlan con criterios mafiosos. Y además, en defensa de las políticas de integración, porque nada interfiere tanto en ellas como la impunidad de quienes vulneran la ley y abusan de los demás.

Pero no basta con tales medidas. Ciudades europeas como Barcelona o Génova han abordado políticas de prevención del fenómeno de las bandas latinas que hasta el momento parecen dar buenos resultados. En el caso de Barcelona, el diálogo ha dado lugar a un plan de integración impulsado desde el Ayuntamiento que ha permitido su articulación como asociación cultural, con el compromiso de renuncia a la violencia.

La otra cara del problema es la respuesta que se ha generado en la población autóctona, también violenta y con un componente racista, y extendida con ayuda de mensajes por teléfono móvil. El hecho de que grupos numerosos de jóvenes así convocados hayan intentado tomarse una supuesta justicia por su mano, poniendo tanto ahínco en eludir la contención policial como en perseguir a los adversarios, indica igualmente que algo muy grave está ocurriendo entre nosotros. Es sabido que cuando este tipo de chispas saltan siempre hay pirómanos dispuestos a atizarlas, alentando los más bajos instintos de jóvenes y adolescentes. Algunas convocatorias por SMS para repetir los enfrentamientos violentos tienen un fuerte acento xenófobo. Y esto es algo que tampoco puede tolerar una sociedad civilizada.

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