Barcelona, sedienta

Barcelona y su región metropolitana suman unos cinco millones de habitantes, en una zona en la que no hay ni un solo río caudaloso. En materia de agua, se nutre de dos cauces menores: el Ter, sobre todo, y el Llobregat. Las reservas de ambos se hallan ahora bajo mínimos, dada la conjunción de dos factores: una sequía persistente (la mayor en los 60 años en los que se dispone de registros) y la falta de previsión de los Gobiernos catalanes, donde CiU, hoy beligerante en el asunto, tiene mucho de lo que arrepentirse. Ni siquiera si se hubiera optado por su gran proyecto, el trasvase del Ródano, se habría evitado el actual episodio de sequía, porque para terminar las obras (contando con que no hubiera retrasos) faltarían aún unos cuatro años.

Pero es que el problema de Barcelona, siendo también de modelo a largo plazo, es hoy por hoy un asunto a muy corto plazo. Las reservas actuales pueden llegar, como mucho, hasta el otoño. El problema es qué hacer desde ese momento, octubre, hasta abril, cuando entrará en funcionamiento la desalinizadora del Llobregat, que aportará 60 hectómetros cúbicos anuales (el equivalente a dos meses de consumo). Si llueve, perfecto. Pero un Gobierno responsable no puede fiar en ello su política.

El trasvase de entre 20 y 45 hectómetros de agua del Segre al Llobregat, con no pocos condicionantes que garanticen el caudal ecológico del afluente del Ebro, no es la peor solución. Pero ha quedado enturbiada por la errática política del consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar (ICV), hecha de regates semánticos forzados, porque, se mire como se mire, se trata de un trasvase propuesto por un Gobierno que ha hecho bandera de rechazar cualquier trasvase. Baltasar negó primero los hechos para acabar reconociendo que son ciertos, eso sí, iniciando una bizantina batalla léxica, con el argumento de que no hay trasvase si la obra que se hace para llevar agua de un río a otro no es para siempre, y retando al mundo a que encuentre una nueva palabra donde él no encuentra nada. Y además, actuó como si el Gobierno central careciese de competencias en la materia.

El consumo de agua es hoy muy desigual en Cataluña: el sector primario (agricultura y ganadería) exprime el 73% de los recursos y su aportación al PIB apenas supone un 2%. Los consumos domésticos alcanzan sólo el 18%. El resto corresponde a una industria donde el pago de tasas (al contrario de lo que ocurre en la agricultura) ha impuesto políticas de ahorro. Habrá que reequilibrar todo esto. Pero de inmediato, lo que se impone es solucionar el abastecimiento hasta la entrada en funcionamiento de las desaladoras, tres previstas, dos ya en construcción, cuya aportación sumada, 180 hectómetros cúbicos anuales, equivale al déficit anual de la región metropolitana. Tras la saga de los apagones eléctricos y el caos de Cercanías, los barceloneses merecen al menos no padecer sed.