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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Bofetada a la víctima

La libertad del agresor de José Luis Moreno es algo más grave que un error burocrático

Sea el juzgado de Alcobendas el responsable, lo sea la policía o la Guardia Civil, la puesta en libertad indebida del albanés Astrit Bushi, el jefe de la banda que hace más de un año asaltó el domicilio del productor televisivo José Luis Moreno y le agredió brutalmente, constituye un grave error. La orden de busca y captura lanzada de inmediato contra el fugitivo exigirá nuevos esfuerzos policiales,así como la asignación de más recursos públicos, lo cual no asegura el éxito de la operación contra un delincuente cuya peligrosidad está acreditada por las causas que tiene pendientes en España y en su país. Su impunidad puede ser el precio a pagar por la sociedad, lo que hace más exigible que paguen el suyo los responsables del desaguisado, sean quienes sean.

La justicia no puede impartirse a la medida de la víctima; pero debe cuidarse de no herirla o agravar su dolor con sus descuidos, malentendidos o errores. El PP ha pedido una explicación urgente a los ministros de Interior y de Justicia en el Congreso. También el Tribunal Superior de Madrid y el Poder Judicial han abierto sus propias investigaciones. Mientras, todos los implicados en el fiasco se culpan entre sí. Es obligado, por lo tanto, saber dónde se produjo el fallo y sancionarlo. Porque, al margen de que el error se haya producido en el ámbito judicial o en el policial, lo que destapa es un desajuste en el sistema.

Los policías que custodian a un reo deberían saber que la orden de puesta en libertad de un preso preventivo sólo la puede ejecutar la dirección del centro penitenciario donde está recluido. Sin embargo, parece razonable pedir que el juez que decide su libertad en una causa concreta deba conocer -y aquí la informática desempeña un papel fundamental- el currículum delictivo del encausado y advertir en su auto que la libertad decretada no anula la prisión derivada de otras. ¿Fue éste el caso o, como en otras ocasiones, lo que maneja un juzgado lo desconoce otro? Por eso es tan grave lo sucedido. Una actuación irresponsable de un funcionario puede ser un hecho aislado, pero un mal funcionamiento de la custodia de un preso por falta de información sobre el mismo es algo más. Ayer trascendió que otro de los miembros de la banda también fue puesto en libertad de forma indebida. Por suerte, la policía pudo detenerle de nuevo. ¿Otro error aislado o una prueba de que algo no funciona?

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