Inteligencia secreta
Con la inminente publicación en el BOE de las dos leyes constitutivas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), desaparece oficialmente el Cesid (Centro Superior de Información de la Defensa), el servicio secreto que fundó Gutiérrez Mellado en 1977 y que ha acompañado durante su primer cuarto de siglo a la restaurada democracia española. Sin su labor de neutralización de las tramas golpistas, especialmente después de la intentona del 23-F, hubiera sido más difícil y traumática la consolidación del régimen de libertades.
El Cesid quedó, sin embargo, seriamente contaminado por escándalos como el de las escuchas o la guerra sucia contra ETA, que obedecían a responsabilidades reales a pesar de que fueran aprovechados por un espía desleal (Perote) que vendió sus secretos a un banquero. Estos hechos, en parte ya sustanciados ante los tribunales, pusieron de relieve graves extralimitaciones de los servicios de información. La quiebra de la confianza ciudadana hizo necesaria una reforma en profundidad. Su sucesor, el CNI, nace con un amplio consenso parlamentario, especialmente valioso ante el deterioro de las relaciones entre el Gobierno y el PSOE.
El servicio secreto tendrá que recabar autorización previa cuando sus operaciones afecten al secreto de las comunicaciones o a la inviolabilidad del domicilio. El juez encargado de autorizarlas será un magistrado de la Sala Segunda (de lo Penal) o Tercera (de lo Contencioso-administrativo) del Tribunal Supremo, designado por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta de su presidente. Por más que la elección de un juez especial pueda despertar suspicacias, se trata de una fórmula más garantista que la que existe en la mayoría de los países de nuestro entorno, donde el permiso lo concede una autoridad administrativa. Sigue faltando, sin embargo, un suficiente control parlamentario sobre las actividades de estos servicios.
El mayor riesgo es que el Gobierno de turno los utilice en beneficio de sus intereses partidistas frente al interés nacional, tentación que siempre existe. Por eso, fue un acierto el nombramiento como director del diplomático Jorge Dezcallar, cuya trayectoria y talante son una garantía de neutralidad política. El 11-S ha demostrado la importancia de contar con unos servicios de inteligencia capaces de detectar una agresión antes de que se consume y en disposición de colaborar con los de otros países, incluido EE UU, también en la lucha contra ETA. La información es el arma más poderosa y la prevención la defensa más eficaz frente a las nuevas, y viejas, formas de terrorismo. Un país que se precie debe tener unos servicios de información dignos. El CNI es una nueva oportunidad.
