¿Cambio de modelo sin reforma laboral?
Hace unos meses el presidente del Gobierno propuso cambiar el modelo económico para pasar a afirmar, poco después, que no era éste el momento de la reforma laboral. Esta línea argumental es bastante contradictoria puesto que, nos guste o no, la reforma laboral forma parte del cambio de modelo. Cambiar el patrón de producción y aplicar reformas estructurales en los mercados de bienes y servicios los hace más competitivos, pero también mejora el funcionamiento de los mercados de factores productivos (trabajo y capital). Sensu contrario, reformas en los mercados de trabajo y de capitales favorecen el cambio de modelo, aumentan la productividad, y nos ayudan a crecer con mejores puestos de trabajos. Por eso, cambiar de modelo productivo equivale a reconocer la necesidad de reformas estructurales como la del mercado laboral.
Las indemnizaciones altas por despido discriminan a los jóvenes y contratados temporales
Identificar reforma laboral con despido libre, como hace el Gobierno, es una argumentación falaz. Entender que un mercado laboral es más flexible cuanto más libres sean sus condiciones de contratación y de despido, se corresponde con la visión estrecha de flexibilidad de la OCDE, para quien la protección al empleo es su único factor explicativo. Es una grave limitación y, por eso, cuando el debate sobre la reforma laboral se circunscribe al despido libre queda desenfocado.
Las altas indemnizaciones por despido discriminan a jóvenes y contratados temporales que, aunque a veces sean más productivos, son siempre los primeros despedidos al estar más desprotegidos. La solución tampoco pasa por una visión asistencialista que prolongue la duración de las ayudas públicas al desempleo que sólo sirve para contentar a parados y sindicatos, y dar la impresión de que "se hace algo", pero no crea puestos de trabajo si no viene acompañada de políticas activas del mercado de trabajo y lastra la recuperación económica.
Por otro lado, mantener impuestos sobre el trabajo y elevadas cotizaciones sociales como las españolas afecta tanto a la oferta como a la demanda de trabajo y a la composición de esta última. A la oferta, porque junto con los beneficios de la protección social -que actúan como subsidios a la inactividad- desincentivan ponerse a trabajar. A la demanda, porque los aumentos de costes laborales reducen la rentabilidad y la inversión futura de las empresas; y, a la composición de la demanda porque estimulan la sustitución de trabajo por capital y reducen la demanda de trabajo no cualificado más que proporcionalmente, debido a que capital y trabajo cualificado son más bien complementarios.
Por eso, creo que sería bueno, tal como propuse (EL PAÍS 19 de octubre de 2008), reducir las contribuciones sociales (ahora por encima de estándares europeos) y subir el IVA para financiarlas (algún estudio ha estimado en un punto la subida del IVA que compensaría una rebaja de dos puntos en cotizaciones), pues se encuentra por debajo de estándares europeos y, además, no deterioraría la competitividad.
Reformar el mercado laboral significa mejorar sus atributos estructurales y hacerlo más adaptable. Esto conlleva, además de una fiscalidad sobre el trabajo que no penalice la contratación, aumentar los incentivos para que valga la pena trabajar; enriquecer la educación y formación profesional y capacitar al trabajador para que se adapte a las nuevas tecnologías; aumentar la flexibilidad del tiempo de trabajo para que los trabajadores satisfagan las necesidades de la producción, pero puedan conciliar trabajo y vida familiar; mejorar las relaciones laborales; flexibilizar los costes salariales que faciliten el ajuste y competitividad de las empresas; mejorar la movilidad geográfica, sectorial y funcional del trabajador; y, flexibilizar las condiciones de contratación y despido, incluyendo la duración del contrato. En este enfoque holístico de reforma laboral, las condiciones de contratación y despido son sólo uno entre los diez atributos que definen la adaptabilidad.
Es legítimo que el trabajador busque seguridad en el empleo. Pero la seguridad no debería asimilarse a mantener un puesto de trabajo concreto, sino a mejorar la capacidad y la probabilidad de mantenerse empleado. De poco le servirán las altas indemnizaciones al despido si la empresa se ve abocada a cerrar. Cuando el despido es inevitable, la seguridad que da una elevada indemnización sólo es útil para el trabajador si aumenta su probabilidad de encontrar un nuevo puesto de trabajo, es decir, si le permite formarse en aquellas profesiones nuevas que surgirán con el cambio de modelo económico. Sobre esta cuestión, las políticas activas del mercado de trabajo, como las de formación profesional y vocacional, tienen mucho que decir porque, al facilitarle las cualificaciones que solicita el mercado, hacen al trabajador más empleable.
No podemos afirmar que tenemos que cambiar de modelo y, al mismo tiempo, negarnos a reformar el mercado de trabajo. Es un contrasentido que los agentes sociales y el Gobierno tienen la obligación moral de explicar a los ciudadanos. Ignorar esta contradicción significa crear un clima inestable en el mercado laboral, socavar la confianza en nuestra economía, y deprimir las expectativas de inversión futura en España para los próximos diez años. La economía española se puede permitir casi todo menos condenar ad calendas graecas el arranque de la recuperación económica.
Manuel Sanchis i Marco es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia.
