Camino del acuerdo

El Gobierno y el Partido Popular seguían discutiendo al cierre de esta edición los términos concretos de la propuesta que presentarán hoy en el Congreso para introducir en la Constitución un límite al déficit público. Una de las fórmulas manejadas indicaba la voluntad de establecer en la Carta Magna un compromiso genérico de estabilidad presupuestaria que se desarrollaría, tras las elecciones del 20 de noviembre, en una ley orgánica que incluiría los detalles y las cifras concretas. Elegir este camino, con sus flecos cerrados, podría ayudar a desbloquear la tensa situación política que ha producido esta iniciativa de Zapatero. Tanto los nacionalistas como los partidos de izquierda, además de muchos socialistas,

manifestaron graves reservas, que iban desde la oposición cerrada a incluir ningún límite en la Constitución hasta la suspicacia por los posibles efectos que pudiera tener sobre las cuentas autonómicas.

Esta reforma será la primera de gran calado en los 33 años de vigencia de la Carta Magna. Con anterioridad, solo se había introducido una modificación para ampliar el derecho de sufragio a los extranjeros, obligada por la ratificación del Tratado de Maastricht. El paso dado por Zapatero ha provocado una profunda división en las filas del Partido Socialista. Actuando con plena legitimidad institucional como presidente del Gobierno, ha perjudicado sin embargo la campaña del candidato Rubalcaba. La divergencia de intereses entre un líder y otro era previsible desde el momento en que Zapatero optó por permanecer en la Secretaría General y por anunciar la disolución de las Cámaras con dos meses de anticipación, creando un tiempo muerto en el que solo podrían aflorar las contradicciones. En este caso, Zapatero ha vuelto a cometer un error: lanzar medidas de gran calado sin forjar un consenso previo con el resto de los dirigentes de su partido ni con el grupo parlamentario. El acuerdo que se negociaba ayer es un primer paso para recuperar esos imprescindibles acuerdos.

Desde el mismo momento en que salió adelante en el Congreso la propuesta de incluir en la Constitución un techo al déficit, lo que importaba era abrir mecanismos para que los términos concretos fueran discutidos por todas las fuerzas parlamentarias. La negociación que continuaba ayer buscaba la mejor fórmula para responder a dos desafíos. De un lado, enviar la señal a Europa de que existe un compromiso sólido de combatir el déficit. De otro, ampliar los márgenes para conseguir el mayor consenso durante la tramitación de la correspondiente ley orgánica.

Se ha excluido la convocatoria de un referéndum para ratificar la reforma constitucional, lo que seguirá siendo objeto de debate. La urgencia de la medida tampoco está exenta de polémica. El Gobierno debe explicar cuál es la causa por la que, con la legislatura prácticamente agotada, era necesario adoptar una medida de tanta trascendencia jurídica pero de escasos efectos económicos inmediatos.