Camps se acerca al juez

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia estima que existen suficientes indicios racionales para pensar que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pudo haber cometido un delito de cohecho al aceptar regalos de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa y Álvaro Pérez, los dos principales encausados en el caso Gürtel que comenzó investigando el juez Garzón desde la Audiencia Nacional. En un nuevo capítulo del procedimiento judicial, Camps deberá comparecer el próximo 15 de julio como imputado ante el instructor José Flors para recibir comunicación de los cargos que pesan contra él. Otros dirigentes del Partido Popular en Valencia, entre los que se encuentra su número dos, Ricardo Costa, también han sido citados.

En contra de lo que habían solicitado las defensas y de lo que esperaba la dirección nacional del PP, no ha habido sobreseimiento ni tampoco archivo de las diversas causas en las que se ha transformado el caso Gürtel, y que se instruyen en los Tribunales Superiores de Valencia y Madrid y en el Supremo. En el punto en el que se encuentran los sumarios, la estrategia de esconder la cabeza bajo el ala adoptada por Rajoy ya no resulta tolerable: no es la imagen del PP lo que está en juego, sino el correcto funcionamiento del Estado de derecho y la salud del sistema democrático. No exigir responsabilidades a Camps y al resto de los imputados cuando el instructor ha apreciado sólidos indicios de delito y, en consecuencia, ha activado los mecanismos para juzgarlos, es tanto como poner en duda la competencia técnica del tribunal, cuando no su imparcialidad. Y, por descontado, Camps no es una marioneta sin voluntad, sino un cargo electo que, por respeto a quienes le votaron y a quienes representa, debería interrogarse sobre su continuidad al frente de la Generalitat.

La dirección nacional del PP parece convencida de que sus consignas en defensa de los dirigentes encausados valen tanto, si no más, que una instrucción judicial que ha transitado por las máximas instancias de la justicia y siempre con igual resultado incriminatorio. Además de un error político, que desacredita al principal partido de la oposición, se trata de un intolerable desafío al funcionamiento de las instituciones. Ninguna excusa es ya bastante para que el PP siga reiterando la letanía del apoyo a Camps cuando se está acercando el día en que tendrá que responder ante la justicia por los delitos de los que se le acusa, y que son suficientes para inhabilitarlo como presidente del Gobierno de una de las mayores autonomías españolas.

La decisión sobre la culpabilidad de Camps y el resto de los dirigentes populares estará en breve en manos de los jueces. En las del PP sólo está el que Camps y los demás sigan siendo o no miembros del partido cuando se sienten en el banquillo. Por simple indecisión, si no por algo más grave, el PP parece resignado a no desmarcarse de estos presuntos delincuentes.