Canal público, sueldo privado

Casi por definición, el sueldo de quienes están al servicio de los ciudadanos debería ser público, es decir, conocido por todos los contribuyentes, que son quienes les pagan. Este principio es válido para la nómina de servidores públicos de la Administración central y de la autonómica (¿no ha tenido que enseñar, aunque a regañadientes, su nómina la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre?). Debería serlo también para ese océano de empresas paraestatales y organismos semipúblicos donde navegan prebendas políticas, sueldos de escándalo y retiros diamantinos.

Una página web ha publicado las retribuciones en 2010 de los directivos de Telemadrid, cadena autonómica que acumula unas pérdidas de 245 millones. La ex directora general Isabel Linares, el subdirector Ángel Martín Vizcaíno y el jefe de los informativos, Agustín de Grado, superan los 100.000 euros anuales. Algún colaborador, como Curri Valenzuela, ronda esa cantidad. Los directivos con los sueldos al aire creen que se trata de "una filtración delictiva de sus datos personales". Telemadrid ha presentado una denuncia porque considera que la filtración es un delito.

Pues bien, las retribuciones de todos los directivos de Telemadrid y la relación de todos los contratos con las productoras privadas debería estar a disposición de la Asamblea de Madrid, le guste o no al director general de la cadena, José Antonio Sánchez. Porque esas son las reglas del juego: quienes pagan (los ciudadanos de Madrid) tienen derecho a conocer lo que pagan

y la rentabilidad (no solo económica) que obtienen. No para alimentar la curiosidad malsana, ni para orquestar campañas políticas, sino para que los madrileños puedan comparar lo que les cuesta la televisión que financian y el producto que obtienen.

Parece que en este caso, el balance entre coste y beneficio es pésimo. Telemadrid ("la tierra de Mordor donde se extienden las sombras" para los periodistas que aspiren a la objetividad) paga muy cara la sumisión desmedida (hasta lo inverosímil) a la presidenta de la Comunidad y dilapida dinero público a manos llenas en ofrecer solo una visión del mundo, la más próxima a la derecha radical. No es cuestión de privacidad, sino de salud pública.