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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Capellanes en el comité

El papel de los sacerdotes en los hospitales es un discutible privilegio de la Iglesia católica

Desde 1995 se reconoce explícitamente que los sacerdotes pueden formar parte de los comités de ética de los hospitales públicos. No se trata de que los pacientes puedan recurrir al consuelo espiritual de un capellán si así lo desean, algo que forma parte de los derechos de cualquier ciudadano, sino de que representantes de la Iglesia católica participen en discusiones que afectan a asuntos de la práctica médica que, por plantear dudas éticas, requieren una reflexión particular. Se trata de una situación que se repite en varias comunidades autónomas de distinto signo político, entre ellas la de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, que acaba de renovar el acuerdo con el Arzobispado de la capital que en su día firmó su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón.

La presencia de capellanes en los comités de ética de los hospitales supone conceder un privilegio más que discutible al clero católico. Las relaciones de cooperación entre la Iglesia y el Estado que recoge el artículo 16.3 de la Constitución no pueden traducirse en discriminación para el resto de las confesiones. Y, desde luego, resultaría inaceptable que, para desactivar el privilegio de incluir un credo y excluir otros, la Comunidad de Madrid y otras convirtiesen los comités de los hospitales en un cónclave compuesto por representantes de cada una de las religiones con fieles en España.

La Iglesia no detenta el monopolio del conocimiento ni de la actuación acorde con la ética, según parece desprenderse del acuerdo suscrito en Madrid. Considerada como institución, la Iglesia no sólo ha contado con sacerdotes considerados como un ejemplo de sabiduría o de rectitud, sino también con otros que han perpetrado crímenes en nombre de la fe, han bendecido ejecuciones o han cometido graves delitos como la pederastia. No es, pues, la simple pertenencia a la jerarquía católica, sino la dedicación o, en su caso, la trayectoria de cada individuo, sea religioso o no, lo que puede hacerle competente para formar parte de un órgano consultivo en materia de ética.

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Los socialistas han reaccionado con escándalo ante el acuerdo, pese a que fue con ellos en el poder cuando se le dio cobertura legal. La alarma de algunos de sus dirigentes tendría más credibilidad si, en lugar de agitar el fantasma del integrismo, diera paso a decisiones claras sobre los acuerdos con la Santa Sede, el aborto y la eutanasia.

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