Cara incompetencia

En contadas ocasiones se puede cuantificar el coste para los consumidores de la falta de competencia en un mercado. Pues bien, la Comisión Nacional de Competencia (CNC) acaba de publicar un informe en el que calcula que la concentración en el mercado de carburantes le cuesta a los conductores españoles nada menos que 1.600 millones de euros anuales respecto a los consumidores franceses o alemanes. Esta información es de particular importancia en un momento en el que los precios del crudo en los mercados internacionales tienden a subir, a consecuencia de la crisis libia, porque la ausencia de mercados efectivamente liberalizados aumenta innecesariamente el coste de los carburantes.

El mensaje de la Comisión va un poco más allá, puesto que denuncia que desde 2009, cuando la institución alertó oficialmente sobre el problema del dominio del mercado de los combustibles (Repsol y Cepsa controlan el 55% de las estaciones de servicio) y propuso correcciones legales para evitarlo, la Administración no ha hecho nada para mejorar la transparencia energética. Las propuestas eran prácticamente las mismas que se venían repitiendo desde que el PP vendió a la opinión pública el gato de una liberalización petrolera sobre el papel del BOE como si fuera la liebre de una apertura real del mercado. Los ministros de Industria de Rodríguez Zapatero han sido incapaces de aumentar el número de oferentes de gasolina compitiendo en precios. Es verdad que los precios deben reflejar los costes, pero en condiciones de competencia. Si no la hay, no debe existir aval político para las subidas.

La denuncia de la CNC no solo es acertada y confirma la extraña evolución de unos precios que suben rápidamente cuando se encarece el petróleo, pero bajan a cámara lenta cuando se deprecia, sino que debería avergonzar al equipo energético del Gobierno y a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), cuya dirección se limita a actuar como una burocracia sin iniciativa, mareando papeles y sellando dictámenes, sin aceptar su papel de defensa del ciudadano. Para acabar con ese sobrecoste por mala gestión que pagan los consumidores, bastaría, como recuerda la CNC, con fijar tasas de acceso a la red de transporte de hidrocarburos que no penalicen la entrada de nuevos agentes, examinar con rigor a los solicitantes de estaciones de servicio y facilitar de una vez por todas que las grandes superficies puedan abrir gasolineras, si cumplen los requisitos de seguridad.