Censo de la vergüenza

Las autoridades italianas han comenzado a elaborar el censo Maroni, aprobado en mayo por el Gobierno de Berlusconi tras el incendio intencionado de los campamentos de gitanos en varias ciudades italianas. Fue entonces cuando se concedieron poderes especiales a los gobernadores de Milán, Nápoles y Roma para atender la denominada emergencia gitana. Esta medida de excepción no tenía como objetivo esclarecer los ataques a los campamentos y poner ante la justicia a sus responsables. La emergencia gitana era, en realidad, el eufemismo acuñado por el Ejecutivo de Berlusconi para adoptar disposiciones e iniciativas ad hoc contra las víctimas de los incendios.

Bajo la dirección del ministro del Interior, Roberto Maroni, el censo iniciado esta semana pretende incorporar a todos los gitanos residentes en el país, incluidos los menores, con independencia de su nacionalidad. No se trata sólo de una medida xenófoba, sino de algo más grave, puesto que se apoya en la xenofobia para encubrir el racismo, y viceversa: la mayoría de los gitanos que serán registrados en este listado gubernativo son italianos con todos sus derechos a los que, de pronto, se trata como extranjeros en su propio país, equiparándolos a los gitanos de otras nacionalidades. A unos y a otros se les somete, además, a un trato discriminatorio, y no exento de vejaciones, en razón de su origen.

El Gobierno de Berlusconi ha traspasado uno de los límites irrenunciables del Estado de derecho mediante una fórmula jurídica peligrosa. No es que esté atentando contra la igualdad ante la ley aplicándola de forma distinta a un grupo de ciudadanos, es que ha consagrado a los gitanos una ley diferente de la que el Estado aplica al resto de los italianos. Constituye un escarnio del sistema democrático la explicación del ministro Maroni, en el sentido de que se busca dar mayores garantías a las personas inscritas en este censo, que incluye sus huellas dactilares además de casillas con rúbricas como "etnia" y "religión".

La inquietante deriva del Gobierno de Berlusconi deja en evidencia a la Unión Europea. Por una parte, ésta no ha sido capaz de expresar más que su "descontento" ante la violación flagrante de los principios del Estado de derecho por parte de uno de sus miembros: por menos de esto, el Gobierno austriaco fue puesto en cuarentena hace años por abrir sus puertas al xenófobo Partido de la Libertad, de Jörg Haider. Pero, por otra parte, las iniciativas de Berlusconi y su Ejecutivo demuestran hasta qué punto resulta inviable acordar con él ciertas materias en el seno de la UE, como la inmigración. La pretensión de encontrar una política europea a la medida de Gobiernos dispuestos a respetar el sistema democrático y Gobiernos que no lo hacen sólo puede conducir a violarlo alegremente todos juntos.

La Unión Europea, una ambición inspirada por la justicia y el derecho, está dando un triste ejemplo y perdiendo en esta deriva el alma que le ha dado sentido en sus 50 años de historia.