Césped para recalificar

La imparable progresión de la marea de cemento que busca plusvalías en la recalificación del suelo se extiende también a los terrenos para uso deportivo. Los grandes clubes de fútbol han encontrado una vía segura para obtener importantes ganancias mediante el cambio de destino de los estadios o ciudades deportivas, que se convierten en grandes núcleos de viviendas u oficinas. Pocos equipos se libran de esta fiebre. Real Madrid, Sevilla, Valencia, Betis, Zaragoza o Valladolid ya han extraído las plusvalías de los terrenos deportivos o están a punto de hacerlo; Barcelona, Espanyol, Atlético de Madrid, Levante o Sporting de Gijón preparan sus propios planes de recalificación para someterlos a las autoridades locales. Entre el precio del suelo pagado en origen para construir campos de fútbol o zonas de entrenamiento, probablemente descontado además por ventajas públicas concedidas por las instituciones para estimular el deporte, y el precio que se paga hoy en zonas céntricas de las ciudades por el metro cuadrado media una distancia sideral.

El problema más acuciante que plantean las recalificaciones de zonas deportivas es el meramente urbanístico. La acumulación de viviendas y oficinas en áreas urbanas acarrea dificultades logísticas que los equipos municipales de urbanismo deberían estar en condiciones de resolver, aunque no siempre lo hacen. No se trata tan sólo de que las grandes torres, los rascacielos superpoblados o las zonas comerciales que se extienden por las ciudades y alrededores tengan agua y electricidad; también de que se busquen soluciones al transporte para no asfixiar el tráfico de entrada y salida de una ciudad o se generen puntos negros en seguridad ciudadana.

Las condiciones para que las recalificaciones deportivas no se constituyan en un problema político y social difieren poco de las del resto del suelo, de triste actualidad debido a casos como el de Marbella, Telde, Ciempozuelos, Seseña o casi toda la costa levantina. Pueden sintetizarse genéricamente en control de legalidad -aunque urge una reforma para reforzar e independizar la función de los interventores municipales-, información transparente a los ciudadanos, respuesta rápida de la justicia en caso de que sea requerida y aplicación de políticas urbanísticas que corrijan los estrangulamientos derivados de la acumulación de habitantes en áreas restringidas de población.