Ciencia con fronteras

España comparte con Chipre el dudoso honor de ser los únicos miembros de la Unión Europea que, hasta la fecha, no han aplicado en su legislación una directiva de 2005 sobre el llamado "visado científico". Se trata de una disposición orientada a facilitar los trámites de trabajo y residencia para ciudadanos no comunitarios con una especial cualificación en el ámbito de la ciencia y la investigación.

El pasado 16 de octubre, la Comisión llevó el caso de España al Tribunal Europeo de Justicia, ante el que el Ministerio de Trabajo tendrá difícil esgrimir los argumentos empleados para uso interno. Nada obligaba a esperar una amplia reforma de la Ley de Extranjería -anunciada para antes del verano y destinada a endurecer algunos aspectos de la actual, como la reagrupación familiar- para respetar los procedimientos de aplicación efectiva de normas comunitarias ya aprobadas.

El retraso en la implantación del "visado científico" es revelador de la distancia que media entre el discurso político y la realidad de la gestión administrativa en esta materia. Las especificidades que presenta en España la crisis que golpea a la práctica totalidad de las economías desarrolladas han llevado a reconocer la necesidad de transformar el modelo de crecimiento seguido hasta ahora, desligándolo del sector de la construcción y apostando por el aumento de la productividad y de la financiación de los programas de I+D, tanto por parte del sector público como del privado.

Difícilmente se logrará avanzar por ese camino si, en lugar de facilitar la llegada de científicos e investigadores que complementen y estimulen la labor de sus colegas españoles, se mantienen unas injustificables trabas burocráticas, como la exigencia de ciertas características en el contrato de trabajo o de un determinado nivel en las retribuciones. Y todo ello por no hablar de las dificultades muchas veces kafkianas para reconocer las titulaciones de otros países y permitir que los profesionales extranjeros participen en los procesos de selección para puestos en España.

Tampoco encaja esta falta de diligencia en la transposición de la directiva y el papel que se pretende asignar a las universidades, sobre todo a partir del proceso de Bolonia. La acogida de investigadores y científicos españoles que desarrollaban su labor en el extranjero a través del Programa Ramón y Cajal presentó en su día algunas dificultades. Ahora ocurre otro tanto con la posibilidad de integrar en los claustros a extranjeros no comunitarios, y esta vez no por obstáculos interpuestos desde las propias universidades.

Incorporar al derecho interno la directiva del "visado científico" debería ser una prioridad, independientemente de los planes del Gobierno acerca de la Ley de Extranjería. No sólo para evitar comparecer ante el Tribunal Europeo de Justicia, sino porque esa directiva constituye un inmejorable instrumento para favorecer niveles de excelencia en la ciencia y la investigación de nuestro país.