Colapso crediticio

Desde hace bastantes meses, los hogares y las empresas españolas vienen sufriendo las consecuencias de un colapso crediticio casi sin precedentes. La gravedad de ese racionamiento crediticio, que se ha cobrado ya un buen número de empresas y de empleos, ha hecho crisis en el tercer trimestre de este año, con un descenso de hasta el 95% sobre el tercer trimestre de 2007. Numerosos proyectos empresariales, algunos de ellos intensivos en conocimiento o contenido exportador, se aplazan o se abandonan porque las entidades bancarias no los financian. En la mayoría de los casos, éstas no lo hacen porque no disponen de financiación suficiente para hacerlo: si el pasivo no crece a un ritmo mínimo, no se pueden trasladar recursos a inversión crediticia.

Por eso hizo bien el Gobierno, aunque un poco tarde, en facilitar financiación adicional a la captada por vías ordinarias, a través de las subastas de activos sanos a un plazo de dos años y al facilitar el aval de Gobierno a emisiones bancarias por un total de 100.000 millones de euros. Lo extraño es que no todos los bancos hayan acudido a esas subastas, especialmente aquellos más agresivos en la remuneración de los depósitos convencionales. La prioridad al desapalancamiento que han asumido algunos de ellos es comprensible, pero ello no quedaría comprometido si asignaran a crédito nuevo en España lo captado en esas subastas.

El Gobierno y el Banco de España deben preocuparse de que todas las entidades bajo su supervisión cumplan las tareas para las que fueron creadas. De igual forma que se admite una regulación diferencial respecto de las empresas normales, también ha de verificarse el cumplimiento de las funciones de intermediación financiera convencional. El mal comportamiento de los bancos en los mercados de acciones no se debe a que los gobiernos puedan obligarles a dar crédito, sino a la razonable presunción de que una recesión prolongada forzará, en el mejor de los casos, el adelgazamiento de todos ellos tras el reconocimiento de la pérdida de calidad de las inversiones del pasado.

En el bien de todos está que las autoridades, el Banco de España incluido, asignen su capacidad de influencia en el comportamiento de las entidades a apoyar a éstas en la normalización del funcionamiento de los mercados de crédito y a tratar de reducir el ritmo de asfixia de empresas sanas y competitivas.