Conflicto en la Red

El Gobierno ha introducido en un anteproyecto sobre la economía sostenible una disposición final para salvaguardar la propiedad intelectual. En ella se corrige la vigente Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y se añade la protección de los derechos de autor a un listado donde figuran, entre otros, la salvaguarda del orden público, la defensa nacional, la salud y la dignidad de las personas. Pero la sociedad internauta ha leído estos párrafos como una limitación intolerable y se ha rebelado. Ante el incendio en Internet en contra del Gobierno, el propio Zapatero tuvo que salir ayer al paso para garantizar a los internautas que no se cerrará ninguna web. Por la mañana, la ministra de Cultura recibió a un grupo de blogueros y responsables de páginas web. Con un PSOE desconcertado por la reacción ciudadana, el PP ha decidido arrimarse a los internautas olvidando que defendió hace pocas semanas una directiva en el Parlamento Europeo que admite la persecución administrativa de las descargas piratas.

Lo que ha irritado a los internautas ha sido la creación de una comisión con capacidad para cerrar los sitios de Internet que ofrezcan el acceso a archivos protegidos por derechos intelectuales, sin que de la ley se deduzca que deba mediar forzosa y previamente la intervención del juez. Ésta ha sido la fórmula adoptada por el Gobierno tras meses de dudas. Los creadores apoyaban una medida similar a la adoptada en Francia: el corte a los particulares de la conexión a Internet. Los internautas sostienen que la defensa de los derechos de autor no puede colocarse por encima de otros, como la privacidad o la presunción de inocencia. El ministerio fiscal ha dictaminado que el intercambio de archivos audiovisuales protegidos no es delito si no hay ánimo de lucro. En el caso de webs que ofrecen enlaces a estos archivos, sin albergarlos, e incluyen publicidad hay muchas sentencias que no lo consideran penalmente punible. Si se penaliza ofrecer enlaces, ¿se hará también con los buscadores?

La citada disposición final no entra en detalles garantistas y no debería verse como algo paralizante la obligación de acudir a un juez para que sea éste quien ordene el cierre. El simple trámite administrativo, como respuesta a una mera denuncia de parte, puede ser demasiado frágil. Pero hay un principio indiscutible: quienes invierten trabajo o arriesgan dinero en este sector tiene derecho a ver protegida su retribución. Hay una insólita cultura de lo gratis en Internet que no está instalada en otros ámbitos de la vida. El debate plantea más cuestiones. Lo primero, que las medidas sean técnicamente efectivas. ¿Por qué intervenir en este punto y no entrar en la revisión global de todo lo que afecta a la inmersión digital de la producción cinematográfica, musical o editorial? El Gobierno no podrá contentar a todos, pero debe exigírsele claridad en sus medidas, que éstas sean coherentes e intachables, y que no de la impresión de actuar en función de las protestas que generan sus proyectos.