Confusión tributaria

La competencia fiscal ha llegado al impuesto de sucesiones y donaciones. No es precisamente la figura tributaria por la que más se recauda, pero constituye una nueva pieza en esa batalla por sacar ventaja del desmantelamiento tributario que está realizándose en algunas comunidades autónomas, la de Madrid de forma destacada. Su supresión beneficia, como es lógico, a los que tienen patrimonios significativos que donar, a costa, claro está, del presupuesto de gastos y prestaciones. A costa de la distribución y de la igualdad de oportunidades. El impuesto de sucesiones, si bien cedido a las CC AA, es un tributo estatal; aunque cada autonomía lo gestione, el Estado debe fijar las condiciones básicas, entre otras razones para evitar que se ensanchen las desigualdades territoriales o se definan privilegios de nuevo cuño.

La racionalidad de esa supresión es discutible. Es cierto que su vigencia constituye una forma de redistribución que suaviza la acumulación de riqueza en pocas manos, sin más justificación que los vínculos familiares. La mera transmisión por herencia de la totalidad de patrimonios o imperios empresariales no favorece esa libre entrada y salida de empresas tan necesaria para la modernización y competitividad de las modernas economías. Eliminar el impuesto es equivalente a acentuar el dominio de unas élites económicas, las de los herederos, sustentadas en los libros de familia como único mérito. Con independencia de su magnitud, es el típico asunto en torno al que los representantes políticos deberían pronunciarse, no dar la callada por respuesta como ha ocurrido hasta ahora.

Un debate de esas características debería ser previo al desbarajuste autonómico en relación a este impuesto. Una cosa es que haya un grado de descentralización importante en España y otra el descontrol que se está produciendo. Lleva razón el consejero catalán Antoni Castells cuando reclama orientación y mínimos por parte del Gobierno del Estado. En primer lugar, porque es su obligación; pero también porque se están produciendo situaciones de arbitraje entre autonomías a la hora de situar patrimonio, fundamentalmente activos inmobiliarios, con el fin de colocarlos en donde en mayor medida se haya desmantelado ese impuesto.

El espectáculo es triste. Va a resultar que somos más rápidos en desmantelar la Hacienda pública (inferior a la media de la UE, recuérdese) que en modernizar la economía y reducir las muy acusadas desigualdades que siguen existiendo en este país en la disposición de renta y riqueza.