El Consejo no cumple

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se mostró ayer incapaz de cumplir una de sus tareas institucionales: informar desde presupuestos técnico-jurídicos fundados en derecho, y no desde posicionamientos ideológicos o religiosos, determinados proyectos de ley del Gobierno antes de su remisión al Parlamento. Por primera vez en sus 29 años de historia, un proyecto de ley, en concreto el de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, llegará al Congreso sin el informe preceptivo pero no vinculante de la institución.

La división en dos bloques iguales -10 vocales a favor y 10 en contra, más una abstención- ha hecho imposible un acuerdo mayoritario en un sentido u otro. No es anecdótico que el presidente del Consejo, Carlos Dívar, se haya alineado con los vocales contrarios al proyecto de ley, impidiendo con su voto la aprobación del informe favorable. La tarea principal del presidente de una institución colegiada como ésta es la de intermediar y acercar posiciones y, si fracasa, lo apropiado no parece que sea alinearse con una de las partes sino abstenerse. Dívar ha justificado en privado su voto por sus creencias religiosas, lo que abre dudas sobre su capacidad para presidir una institución del Estado cuyo correcto funcionamiento, conforme a la Constitución y a la ley orgánica que la regula, debe estar por encima de cualquier consideración u opción personal. Lo sucedido hace pensar si Zapatero estuvo acertado en proponer a este juez para presidir la institución pues, sin poner en duda su competencia profesional, cabría sospechar que su reconocida y exhibida significación religiosa, sin duda legítima, plantearía problemas de sintonía con las opciones legislativas no menos legítimas del Gobierno.

Que un proyecto de ley carezca del informe del Consejo Judicial es anómalo pero no constituye un obstáculo insalvable. Lo grave es que ello se deba a la incapacidad del Consejo para actuar como institución. Si sus vocales, o una parte de ellos, no son capaces de orillar sus posicionamientos ideológicos o religiosos sobre el aborto y de abordar el tema desde criterios de legalidad (el juicio de constitucionalidad ya lo hará, si procede, el Tribunal Constitucional), lo que queda en entredicho es la propia función del Consejo. Y en esa medida también la del Estado no confesional y democrático de derecho que consagra la Constitución.